MADRID, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -
Dos hombres de 38 años, uno español y otro marroquí, serán juzgados el próximo martes, 9 de julio, en la Audiencia Nacional por liderar presuntamente un grupo de radicalización yihadista en Ceuta. Están acusados de integración en organización terrorista y depósito de armas de guerra por los que la Fiscalía pide 20 años de prisión.
Según el escrito de acusación, A.C.B. Abdelatif e I.A. Mohamed formaron parte desde 2011 hasta su detención en enero de 2017 de un "grupo permanente al que se limitaba la asistencia de terceros y que se reunía en la más estricta confidencialidad en la zona de Arcos Quebrados, en Ceuta, para tratar temas de yihad islámica".
Aprovechaban esos encuentros, señala la fiscal, para "llevar a cabo la radicalización en los postulados más extremistas del salafismo, exhibiendo vídeos y haciendo escuchar cánticos yihadistas, además de proferir consignas de exaltación de acciones terroristas suicidas cometidas por comandos armados" del Estado Islámico (DAESH o ISIS), "al objeto de incitar a los asistentes a la comisión de acciones similares".
FUSIL, CUCHILLO Y MACHETE
Durante la investigación, a ambos acusados les fueron intervenidos un fusil de asalto, un cuchillo y dos machetes que guardaban en la cochera en la que se celebraban las reuniones y después trasladaron algunos miembros del grupo, por motivos de seguridad, a un descampado cercano.
Además, los investigadores incautaron a los acusados "imágenes de muertes y masacres de niños, audios de cánticos yihadistas, imágenes de líderes terroristas, un vídeo del enterramiento de una persona viva y un vídeo en árabe indicando que todas las personas se convertirán al Islam, pues aceptan el Islam o la espada", entre otros archivos.
Para la Fiscalía, los hechos relatados son constitutivos de un delito de integración en organización terrorista y otro de depósito de armas por los que pide 20 años de prisión para cada acusado, 10 años por cada delito.
En caso de que el tribunal no aprecie prueba suficiente para condenar por integración en organización terrorista, el Ministerio Público plantea la alternativa de colaboración por el que solicita 8 años de cárcel y 9.000 euros de multa.
