MADRID, 19 May. (EUROPA PRESS) -
Uralita defendió hoy que siempre cumplió la legislación vigente sobre el tratamiento industrial del amianto, para rebatir las declaraciones de los alcaldes y habitantes de las localidades barcelonesas de Ripollet y Cerdanyola del Vallés, que acusaron a la empresa de emitir polvo al exterior y depositar residuos en las calles.
Durante la mañana declararon dos testigos por parte de la empresa y seis propuestos por los 47 ciudadanos afectados por enfermedades relacionadas con el amianto de estas dos localidades, que reclaman indemnizaciones por valor de cinco millones de euros. Las partes expondrán las conclusiones finales el próximo 17 de junio.
Entre los testigos comparecieron el alcalde de Ripollet, Juan Parejo, el concejal de Medioambiente y ex edil de Cerdanyola entre 2003 y 2009, Antoni Moral, y el arquitecto municipal de Ripollet desde 1986, Jordi Fortuny.
Los tres coincidieron en declarar que la fábrica de Uralita, fundada en 1920 y cerrada en 1997, tenía extractores que sacaban polvo al exterior, que los residuos se depositaban al aire libre y que en los años 70 y 80 se utilizaron placas de fibrocemento sobrantes para asfaltar las calles.
Al respecto, el jefe de calidad de Uralita entre 1975 y 2009, Eustaquio Pérez, explicó que los extractores eran "instalaciones de filtración", que los residuos se depositaron en los vertederos habilitados por los ayuntamientos y que el material utilizado para el asfalto es inerte.
Parejo y Fortuny explicaron que en el año 1977 se produjo la primera denuncia ante el Ayuntamiento de Ripollet por los posibles efectos nocivos de las emisiones de polvo sobre una escuela situada a cinco metros de la fábrica y que los servicios técnicos municipales requirieron a Uralita modificaciones en los extractores.
El jefe de calidad de Uralita señaló que en el año 1977 la fábrica barcelonesa se adelantó "de manera voluntaria" a la futura legislación y que sus niveles de exposición estaban por debajo de dos fibras por metro cúbico, a pesar de que la única ley que existía era de 1962 y permitía una exposición de 175 fibras por metro cúbico.
EN LOS 70 NO HABÍA SENSACIÓN DE RIESGO.
Moral explicó que hasta los años 70 "no existió sensación de riesgo" porque la sensibilidad ciudadana "no era la misma de ahora" y que las preocupaciones vecinales aumentaron a finales de los años 90, cuando comenzaron a aflorar los primeros casos de enfermedades relacionadas con el amianto.
Por su parte, Pérez afirmó que en los años 70 "no había conciencia de peligrosidad del amianto" y que a partir del año 1976 la empresa comenzó a aplicar medidas de seguridad, como lavar la ropa de trabajo en lavanderías especializadas o la utilización de los primeros medidores de particulas de amianto por parte de los trabajadores.
Ambas partes coincidieron en afirmar que, tras el cierre de la fábrica, los ayuntamientos y Uralita firmaron dos convenios para la rehabilitación de un camino y para el equipamiento de un solar que había ocupado un vertedero para la construcción.
La empresa aportó 300.000 euros en el primer proyecto y un millones de euros en el segundo. Los ayuntamientos se gastaron otros dos millones de euros en el solar destinado a la construcción.
Durante la mañana también declararon como testigos de los demandantes el historiador de Ripollet Ramón Martos, el periodista Ramón Salinas, la trabajadora de Uralita y vecina Rosa Isach, el médico Joan Tarrés y, por parte de la empresa, el gerente de la empresa SGS Tecno.
En 1982, España estableció la primera normativa sobre el amianto que fijó la exposición máxima en dos fibras por centímetro cúbico y obligó a las empresas a aumentar la seguridad. En 1993 el nivel se bajó a 0,6 fibras por metro cúbico hasta su prohibición definitiva en 2002.
