El PSOE afirma que sin un acuerdo con el PP el Pacto "no tendría sentido"
MADRID, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -
El Congreso de los Diputados tiene previsto aprobar en septiembre en el Pleno las nuevas recomendaciones para la reforma del sistema de pensiones elaboradas por la Comisión del Pacto de Toledo, que arrancará el debate para su redacción este mismo mes.
Así lo aseguró a Europa Press la portavoz socialista en la Comisión, Isabel López i Chamosa, quien señaló que la previsión que maneja es mantener "una o dos reuniones" de trabajo antes de Semana Santa y "trabajar sin prisas y sin pausas" para poder tener listo el documento antes del verano.
La reedición del Pacto, constituido por primera vez en 1995, se empezó a abordar hace año y medio al cumplirse el plazo de un lustro transcurrido desde la firma del anterior, en 2003. Una vez aprobado por el Pleno, el Gobierno abrirá una fase de negociación con los agentes sociales y pasará a aprobar las reformas pertinente de la Ley de la Seguridad Social, eso sí, siempre según el guión marcado por el Congreso.
EL PSOE NEGOCIARÁ
López i Chamosa aseguró que defenderá las "propuestas" remitidas por el Gobierno al Congreso a finales de enero, entre las que se mantiene el retraso de la edad de jubilación hasta los 67 años, si bien recalcó que el objetivo es alcanzar un "acuerdo" para el que resulta "fundamental" el PP.
"Necesitamos acuerdo con CIU, PNV e Izquierda Unida, pero un Pacto de Toledo sin PSOE ni PP no tendría sentido porque ambos son alternativa de gobierno", aseguró.
El PSOE asume implícitamente que se descartará elevar el tope legal de la vida laboral de los 65 a los 67 años, pese a la insistencia del ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, quien afirma que sería "irresponsable" no poner sobre la mesa este debate, ante la oposición de todos los partidos.
Se abre, eso sí, la puerta a que se potencien los incentivos a la ampliación de la vida laboral de manera voluntaria, una idea suscrita por PP, CiU y PNV y, a mayor distancia, por Izquierda Unida.
NO SE AMPLIARÁ EL PERIODO DE CÁLCULO
Tampoco se incluirá en principio el aumento del periodo de cálculo de las pensiones de jubilación ya que, aunque formaciones como CiU están dispuestos a debatir esta posibilidad, el rechazo frontal del coordinador económico del PP, Cristóbal Montoro, hace difícil alcanzar el gran consenso que desea el Gobierno para emprender esta reforma, que también cuenta con la oposición de PNV e IU.
Otros puntos que están en la agenda del Pacto es revisar los incentivos fiscales a los sistemas voluntarios complementarios del sistema público de pensiones, como los planes de pensiones privados así como avanzar en la separación de fuentes de financiación de las prestaciones públicas, para garantizar la sostenibilidad de la Seguridad Social, una cuestión en la que el PP ha hecho especial hincapié.
PENDIENTES DE SALGADO
Aunque ya ha habido contactos informales, los trabajos de redacción propiamente dichos comenzarán una vez concluyan las comparecencias programadas de los colectivos afectados.
Este martes acudirán al Congreso la presidenta de la Federación Española de Familias Numerosas, Eva Holgado, y el de la Federación Catalana de Asociaciones de Prejubilados, Pensionistas y Viudas de Cataluña (FECAT), Francisco Calabia. También están previstas para la semana siguiente que acudan representantes de asociaciones de viudas.
Queda pendiente la comparecencia de la vicepresidenta económica, Elena Salgado, para explicar la propuesta del Gobierno en materia de pensiones, una reunión que la Mesa y Portavoces de la Comisión acordó solicitar el pasado 3 de febrero, si bien López i Chamosa aseguró que el acuerdo fue supeditarla a las explicaciones que diera el Ministro de Trabajo, Celestino Corbacho.
Corbacho compareció el pasado 22 de febrero y, según la diputada socialista, el ministro aportó datos suficientes para que la posición del Ejecutivo "quedara clara para todos los grupos". "Nadie ha pedido que venga Salgado", aseguró López i Chamosa, si bien los portavoces de otras formaciones avanzaron a Europa Press su intención de que la 'número tres' del Ejecutivo acuda a la Cámara Baja.
