MADRID, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -
El vicepresidente económico del Gobierno, Pedro Solbes, aseguró hoy que el plan de 11.000 millones de euros para crear 300.000 empleos en 2009 tiene como objeto "paliar los efectos de la crisis en los ciudadanos más vulnerables", en un contexto de "rápido debilitamiento" de las circunstancias económicas y financieras que exige actuar de manera "urgente".
Durante su defensa ante el Pleno del Congreso del decreto ley que recoge un crédito extraordinario de 11.000 millones de euros con cargo a los Presupuestos Generales del Estado de 2008, Solbes reiteró que su contenido se enmarca en el conjunto de medidas extraordinarias para dar respuesta a un "contexto de intenso deterioro de las condiciones financieras y económicas", como las propuestas por las cumbres del G 20 en Washington y las UE del pasado mes.
"Partimos del principio de solidaridad", recalcó Solbes, quien detalló que este decreto plante un importante "estímulo presupuestario excepcional" y un capitalización de la economía, orientado al corto plazo, en inversión pública y al estímulo coyuntural de sectores estratégicos para crear empelo.
El decreto crea dos fondos, uno de 8.000 millones par ayuntamientos y otros de 3.000 millones repartido entre sectores estratégicos como automoción (800 millones), I+D+I (490 millones) o Dependencia (430 millones).
Respecto al fondo para los ayuntamientos, Solbes recalcó que los plazos "muy cortos" de solicitud (el 24 de enero) de las ayudas, siempre condicionadas a la creación de empleo y por criterios de población, permitirá que se puedan iniciar las obras en el primer trimestre de 2009, para lo que se establecerán procedimientos de urgencia según lo recogido en la Ley de Contratos del Sector Público.
COMPROMISO DE AAPP ANTE LA CRISIS.
Asimismo, se aplicará un "riguroso sistema de control" al destino de este fondo, gestionado por el Ministerio de Administraciones Públicas, a través de la Intervención General del Estado para garantizar la correcta aplicación de los fondos, de forma que ante cualquier irregularidad o incumplimiento, conllevará una "obligación de reintegro" de esas cantidades.
"Esta actuación de caracter urgente excepciona y concebirá en el marco de medidas adoptadas supone un esfuerzo importante por parte de administración local y la Administración General del Estado y evidencia el compromiso de la Administración Pública con nuestros ciudadanos", concluyó Solbes.
