Reafirma su idea de fiscalizar la preparación de los Presupuestos Generales, pese a que Solbes y la Abogacía del Estado se niegan
MADRID, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -
El Tribunal de Cuentas, que mantiene un enfrentamiento con Economía por la fiscalización previa de los Presupuestos Generales del Estado, ha extendido sus quejas al Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y la Dirección General de Seguros al denunciar en un reciente informe que estas entidades de supervisión le niegan documentación y no colaboran con su tarea.
La entidad fiscalizadora que preside Ubaldo Nieto viene protagonizando desde hace unos meses un 'tira y afloja' con el Ministerio de Economía por su intención de examinar el proceso de elaboración de los Presupuestos Generales del Estado, una pretensión que rechaza el Departamento de Pedro Solbes, avalado por la Abogacía del Estado, argumentando que el tribunal debe ocuparse de la ejecución presupuestaria, pero no tiene competencias sobre la fase de debate previa al proyecto.
Ese pulso no ha terminado y, de hecho, el Tribunal de Cuentas aprobó el pasado 27 de febrero su programa de actividades para 2007, donde volvió a incluir su pretensión de examinar la preparación de los últimos Presupuestos Generales, esta vez en relación con el principio de transparencia recogida en la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Eso sí, la decisión no fue unánime, sino que se adoptó por mayoría en el Pleno del Tribunal ya que se pronunciaron en contra los cinco consejeros elegidos en su día a propuesta del PSOE.
En una reciente declaración que hasta hace unos días se mostraba en el sitio web del Tribunal de Cuentas, recogida por Europa Press, el presidente de la institución justificaba su idea de examinar la preparación de los Presupuestos argumentando que es una "responsabilidad institucionales" que tiene su origen en la aplicación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, en el afán de transparencia que dice fomentar el Parlamento y en la necesidad de completar el obligatorio examen anual de la Cuenta General del Estado.
Con ese conflicto aún no resuelto, el Tribunal de Cuentas acaba de aprobar un informe en el que vuelve a quejarse de falta de colaboración, y esta vez se dirige a los principales órganos supervisores de la actividad financiera: el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones.
En ese informe, al que tuvo acceso Europa Press, la institución se queja de que "los tres organismos han venido negando el acceso" a toda una serie de documentación que se reclamaba. "Las dificultades han sido múltiples y constantes y ello hasta el punto de que han llegado a configurar un amplio abanico de limitaciones", denuncia.
En este caso la discrepancia surge porque los órganos supervisores alegaban que, conforme a la legislación, su función está sometida al secreto profesional y por tanto no pueden facilitar determinada documentación. El Tribunal de Cuentas, por contra, recuerda que la Constitución le otorga la función de supremo órgano fiscalizador y que sus funcionarios también están sujetos al deber de secreto por lo que no suponen riesgo para la confidencialidad de los datos.
NIEGAN INFORMACIÓN "BÁSICA"
El resultado es que los tres órganos supervisores no han facilitado información básica para la fiscalización, no han autorizado las entrevistas personales con inspectores que el tribunal había pedido, y ni siquiera han entregado las comunicaciones que han mantenido entre ellas, pese a que el Tribunal sabía que existían. Para colmo, la documentación facilitada se ha enviado con una "demora injustificable" que en algunos casos superaba los ocho meses.
"Estas limitaciones han incidido significativamente en el cumplimiento de los objetivos previstos en la presente fiscalización --se lamenta--, suponiendo en la mayor parte de los casos la imposibilidad de conformar una opinión sobre la organización y aplicación de los procedimientos de supervisión encomendados al Banco de España, a la CNMV y la Dirección General de Seguros".
Así, no ha podido comprobar en qué medida el Banco de España actúa con homogeneidad y objetividad al autorizar el inicio de actividad de las entidades de crédito, si realmente las entidades financieras envían sus datos dentro de los plazos establecidos, cómo están siendo inspeccionadas y de qué forma se está el régimen sancionador.
Tampoco ha tenido elementos suficientes para saber si la CNMV aplica "con plena objetividad y homogeneidad" los procedimientos establecidos para registrar empresas de servicios de inversión, supervisarlas y, en su caso, sancionarlas, ni para comprobar si la Dirección General de Seguros respeta esos mismos principios al inspeccionar las aseguradoras.
FALTA COLABORACIÓN CON LA AGENCIA TRIBUTARIA.
De lo que ha conseguido averiguar, el Tribunal de Cuentas destaca la "gran subjetividad" del Banco de España a la hora de examinar los requisitos que deben cumplir las entidades de crédito para operar, la falta de concreción de la CNMV para certificar requisitos como la idoneidad de los socios y la honorabilidad de los administradores, y la "prácticamente nula" colaboración con la Agencia Tributaria, al menos en el ejercicio 2004.
Así las cosas, el Tribunal de Cuentas pide modificar la legislación de cada una de estos tres órganos supervisores para facilitar su colaboración con la entidad fiscalizadora y aconseja que suscriban de colaboración con la Agencia Tributaria para "mejorar la eficacia en la prevención del fraude fiscal en el ejercicio de la función supervisora".
