ICV denuncia que tenía que estar funcionando desde el pasado 6 de agosto
MADRID, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -
El Partido Popular así como ERC e ICV han lanzado una ofensiva en las Cortes para obligar al Gobierno a poner en marcha "de forma inmediata y urgente" la línea ICO de crédito directo, en condiciones preferentes, para que los ayuntamientos puedan pagar deudas impagadas a empresas y autónomos, una iniciativa a la que el jefe del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, se ha negado si conlleva un aumento de déficit.
Así, el PP ha vuelto a registrar en el Congreso su propuesta de crear un sistema de "cuenta tributaria" que permita compensar el retraso en los pagos "en cualquier concepto" a pymes y autónomos por parte de la Administración General del Estado, es decir, excluyendo a comunidades autónomas y ayuntamientos, a través de aplazamientos y fraccionamientos de pagos de impuestos, que el Congreso ya avaló por unanimidad la pasada semana.
La novedad es que el PP registra el texto ahora como proposición de ley, de manera que, de prosperar, obligaría al Ejecutivo a cumplir todo su contenido, incluyendo la creación de la línea de crédito del ICO a ayuntamientos para hacer frente al pago de deudas con empresas, una medida incorporada antes del verano en la Ley de Morosidad, con el voto en contra del PSOE, y que, por tanto ya tiene rango de ley.
Sin embargo, la norma no establece la dotación de esta línea y Zapatero aseguró el miércoles en el Congreso que el Ejecutivo está estudiando una fórmula para que esta medida no suponga incremento de déficit. No obstante, a continuación señaló que si esa financiación no tiene una base sólida de devolución, "Eurostat lo va a computar como déficit", algo que el no está dispuesto a permitir pues comprometería sus objetivos de estabilidad presupuestaria.
Por su parte, el diputado de ICV, Joan Herrera, ha registrado para su debate tanto en Pleno como en comisión una proposición no de ley con la que pretende instar al Gobierno a poner en marcha "de forma inmediata y urgente" la línea, y denuncia que ya debería estar operativa desde el pasado 6 de agosto.
En este sentido, Herrera recuerda que la ley, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del 5 de julio, daba al Gobierno un plazo de 30 días para poner en marcha esta línea para que aliviar los impagos de los municipios a empresas y autónomos, con anterioridad al 30 de abril de 2010.
ERC LO LLEVA AL SENADO
Esta cuestión volverá a tratarse en el Pleno de control al Gobierno del próximo martes en el Senado, a través de una pregunta del senador de ERC --formación integrada junto a PSC e ICV en el grupo parlamentario de la Entesa--, ante el "difícil" cumplimiento de la Ley de Morosidad.
Asimismo, los republicanos quieren que el Gobierno explique qué medidas ha adoptado para difundir y controlar el cumplimiento de la norma, que contempla que la Administración pagará a proveedores en 30 días y las empresas en 60 desde 2013, con un periodo escalonado de adaptación hasta entonces.
