MADRID, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -
La Administración norteamericana no permitirá al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz que interrogue a los tres militares estadounidenses que estuvieron implicados en la muerte del cámara de Telecinco José Couso, que perdió la vida en Irak hace ya casi tres años. La noticia la ha difundido la familia del propio Couso, que entiende que Estados Unidos está incumpliendo el Tratado de Asistencia Judicial en Materia Penal que mantienen los dos países implicados.
Por medio de un comunicado, la familia Couso informó de la negativa que el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha transmitido al juez Pedraz. Éste quería tomar declaración a los tres militares implicados en la muerte de Couso, que se produjo el 8 de abril de 2003 en Bagdad (Irak) cuando su tanque disparó contra el Hotel Palestina, en el que se alojaban los periodistas que cubrían el conflicto.
Los tres militares implicados son el sargento Thomas Gibson, el capitán Philip Wolford y el teniente coronel Philip de Camp, todos ellos miembros de la Tercera División de Infantería Acorazada. El primero de ellos fue quien efectuó el mortal disparo que acabó con la vida de Couso y con la del cámara de Reuters ucraniano Taras Protsyuk.
La familia de Couso asegura que Washington rechaza la jurisdicción española en este caso. Lamenta, además, que se insista "en una de las versiones dadas por el Ejército para justificar el asesinato de José Couso", en que los disparos fueron una respuesta a fuego amigo, algo que determinó el Estado Mayor norteamericano en el informe que realizó sobre estos hechos.
ORDEN DE BUSCA Y CAPTURA
Además de no compartir los argumentos del Departamento de Justicia norteamericano, los familiares del cámara cree que se está produciendo "un incumplimiento claro" del Tratado de Asistencia Judicial en Materia Penal. El juez Pedraz se basó en este Tratado para emitir una orden internacional de busca y captura contra los tres soldados tras constatar la nula cooperación de las autoridades norteamericanas.
La Fiscalía recurrió esta decisión del juez, al entender que era jurídicamente discutible y obligó a la familia Couso a reunirse con el Fiscal General del Estado, Cándido Conde-Pumpido, que se comprometió a prestarles toda la ayuda posible en este proceso. El interrogatorio de los tres soldados responsables fue una de las diligencias que solicitaron los familiares en la querella que presentó en la Audiencia Nacional.
