MADRID, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -
La teniente fiscal del Tribunal Constitucional, María Angeles Sánchez Conde, ha informado a favor del recurso de súplica presentado por la Generalitat contra la recusación del magistrado Pablo Pérez Tremps en el recurso contra el Estatuto de Cataluña, al entender que "ninguno de los hechos" en los que se basaba el incidente del PP "han sido tenidos por acreditados, por lo que resulta cuestionable que se halla estimado la recusación por unos datos" ya "conocidos" cuando se presentó la primera iniciativa para apartarle que no prosperó.
De esta forma, la Fiscalía, recordando el auto por el que se rechazó la primera recusación presentada por el PP contra Pérez Tremps y los votos particulares de los cinco magistrados que se oponían a aceptar la segunda, se adhiere al recurso de la Generalitat, incluso en la alternativa que plantea de que, si se rechaza la súplica, se le aparte sólo del debate de los puntos del Estatuto de Cataluña relacionados con el informe que realizó.
El informe fiscal, al que ha tenido acceso Europa Press, considera "un dato absolutamente revelador que respecto del ámbito material acerca del cual versaba el trabajo, los recurrentes del Estatuto ante este tribunal sólo impugnen tres artículos de los 17" que sobre política exterior de Cataluña "dedica el Estatuto y más relevante aún que esos tres artículos sean una ínfima parte de los 127 artículos impugnados".
Además, explica que cuando se rechazó la primera recusación se entendió que el trabajo por el que después se apartó a Pérez Tremps, cuando era catedrático de Derecho Constitucional, "tenía naturaleza propia de un trabajo académico y estuvo temporal y orgánicamente desconectado del concreto proceso de reforma estatutaria que culminó" con la aprobación del Estatuto.
Sin embargo, en el auto de 5 de febrero, "el tribunal cambia aquel criterio y entiende ahora que lo que en enero calificó de trabajo académico ha perdido tal naturaleza, dado que fue encargado por una institución que asesoró sobre la reforma estatutaria", alegaba la Generalitat.
En este sentido, la Fiscalía insiste en que el contrato se firmó el 8 de marzo de 2004, pero el estudio había sido encargado el 26 de noviembre de 2003 por el anterior director del Instituto de Estudios Autonómicos. El trabajo fue entregado el 10 de mayo de 2004, datos que no coinciden con las alegaciones del PP que sostienen que Pérez Tremps había sido contratado "con posterioridad a que se constituyera la legislatura que llevó a cabo la propuesta de reforma del Estatuto".
"La resolución que se recurre en súplica, ni tuvo por acreditado que el trabajo de que se trataba hubiera sido encomendado en la fecha que se aducía en el escrito rector de la recusación por los parlamentarios recusantes, ni por la persona en él señalada. Ni tampoco tuvo por acreditado que sobre dicho estudio se elaboraran las propuestas normativas que se enviaron por el Instituto de Estudios Autonómicos de la Generalidad de Cataluña", afirma el fiscal.
También comparte la Fiscalía la referencia de la Generalitat a la composición del Tribunal Constitucional prevista por la Carta Magna desde órganos manifiestamente políticos como son las Cámaras y el propio Gobierno.
