La comisión conjunta, con 39 diputados por Cámara, debe terminar antes de abril, aunque Guerra dará más tiempo si no hay acuerdo
MADRID, 1 Ene. (EUROPA PRESS) -
El final del plazo de enmiendas en el Congreso al proyecto de reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña ha puesto en marcha 'la cuenta atrás' de dos meses para que la Comisión Constitucional redacte un dictamen. El Parlament será el primero en eleigir a sus representantes para la negociación, pues tiene previsto hacerlo en la segunda quincerna de enero, mientras que el Congreso ha de esperar al nuevo periodo de sesiones, que arranca en febrero.
Dado que enero es inhábil a efectos parlamentarios, los representantes designados por la Cámara Baja y el Parlament tendrán en principio hasta el próximo 27 de marzo para trabajar en esa comisión paritaria, si bien Alfonso Guerra, presidente de la Comisión Constitucional, ya garantizó que dará más tiempo en aras del acuerdo entre las Cámaras para evitar que el dictamen del Congreso discrepe del del Parlament.
Una vez que la Mesa del Congreso descartó la prórroga, el presidente del Congreso, Manuel Marín, comunicará a su homólogo del Parlamento catalán, Ernest Benach (ERC), el vencimiento del plazo para el registro de las enmiendas y notificará las presentadas por los grupos.
Según se informó a Europa Press en fuentes parlamentarias, la Cámara Baja tendrá también que instar al Parlament a que designe a los parlamentarios que formarán parte de la comisión paritaria, ya que, al ser Cataluña una comunidad de las consideradas 'históricas' que se rigen por artículo 151.2 de la Constitución, todo el proceso de discusión de enmiendas ha de hacerse conjuntamente entre diputados del Congreso y de la Asamblea proponente, en este caso el Parlament.
39 DIPUTADOS POR CÁMARA
Así, la Comisión Constitucional del Congreso tendrá que dar participación a una delegación del Parlament de igual número de diputados. Se da la circunstancia de que este órgano de la Cámara Baja cuenta con 39 diputados, mientras que su equivalente del Parlament dispone sólo de 21, por lo que habrá que decidir el número de la delegación de cada legislativo. Lo previsible, para evitar recortes en la representación de algunos grupos, es que se opte por una comisión 'paritaria' de 39 integrantes por Cámara.
Ese órgano conjunto tendrá como misión constituir la Ponencia, que también estará compuesta por diputados de ambas instituciones en la misma proporción. Se baraja la cifra de 11 diputados por Cámara, que en el caso del Parlament ya tienen decidido que serán cuatro de CiU, tres del PSC, dos de ERC, uno del PP y otro de ICV. En el Congreso aún no hay decisión tomada, pero se habla de un reparto de tres socialistas, dos 'populares' y uno para cada uno de los grupos restantes (CiU, ERC, PNV, IU-ICV, CC-NC y Mixto).
El Parlament de Catalunya, que con su nuevo Reglamento declaró hábil el mes de enero, podría aprovechar la segunda quincena del mes para adelantar tarea y elegir a sus representantes en la delegación negociadora. Falta por decidir si los diputados serán nombrados en la Junta de Portavoces o elegidos en sesión plenaria.
Y CADA CÁMARA, UNA VOTACIÓN
En esa Ponencia conjunta, que no empezaría a trabajar antes de febrero, se discutirán las enmiendas presentadas por los distintos grupos hasta cerrar un dictamen, que habrá de ser votado por cada una de las dos delegaciones.
Lo deseable es el acuerdo entre los dos legislativos, pero en caso contrario el presidente de la Comisión Constitucional, el socialista Alfonso Guerra, tiene la potestad de elevar unilateralmente la propuesta del Congreso al Pleno de la Cámara Baja, una hipótesis que nadie desea porque supondría el enfrentamiento con el Parlament.
De hecho, los representantes del Parlament recibieron garantías de Alfonso Guerra de que, si no hay acuerdo entre las Cámaras, promoverá la prórroga de los plazos para no 'romper la baraja' y evitar un "choque de soberanías".
Cabe reseñar que la asamblea catalana tiene potestad para retirar su propuesta de reforma estatutaria en cualquier momento del proceso si considera que se han alterado sus principios. Conforme a su nuevo reglamento, el Parlament puede debatir esa retirada a instancias de dos grupos parlamentarios, pero para que prospere será necesario el voto favorable de la mayoría absoluta.
