TOLEDO, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -
El presidente regional del PP, José Manuel Molina, señaló hoy que su formación pretende recoger en Castilla-La Mancha 200.000 firmas para avalar la celebración de un referéndum con el que los ciudadanos tengan la oportunidad de pronunciarse sobre el cambio del modelo constitucional que, en su opinión, supone la reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña.
En la rueda de prensa previa a la celebración del Comité Ejecutivo extraordinario del PP regional, Molina aseveró que esta campaña es sin duda "la más importante" que el partido ha llevado a cabo en Castilla-La Mancha.
Asimismo, explicó que el encargado de coordinarla será el vicesecretario regional, Alejandro Ballestero, que, junto a los presidentes provinciales, llevarán a cabo "una gran movilización informativa".
El presidente de los 'populares' castellano-manchegos, que descartó que el PP vaya a utilizar esas firmas para asentar su posición política y electoral, afirmó que su formación no va a permitir que el "pacto con nocturnidad entre partidos", del que se les ha excluido, cambie el modelo constitucional "del que los españoles se sienten orgullosos", y que ha aportado los mayores niveles de bienestar conocidos.
En opinión de Molina, "con el Estatut se da un paso hacia atrás". "No podemos permitir la división que plantea entre comunidades ricas y las menos ricas, parece que el Gobierno de la nación y el PSOE tuvieran miedo de que se conozca la opinión de los ciudadanos sobre la reforma de la norma estatutaria catalana".
"España es la patria común de todos y nadie tiene el derecho a decir si España es otra cosa, y si lo hacen --apostilló-- deben hacerlo a través de las urnas, de forma democrática".
Molina, que no específico las medidas concretas que se van a desarrollar, salió al paso de las críticas lanzadas desde filas socialistas que acusan el PP castellano-manchego de seguir las directrices de Génova, defendiendo que cuando se trata del futuro de España, "Castilla-La Mancha no puede quedarse al margen".
En este sentido alertó de que si prospera el modelo de financiación autonómica, acordado entre el Gobierno de la nación y CIU, Castilla-La Mancha tendría problemas para podrá garantizar el funcionamiento de muchos de sus servicios básicos. Por ello mostró su deseo de que el principio constitucional de solidaridad se anteponga a los intereses partidistas.
