No convocará Comisión para renovar el TC hasta que haya consenso para evitar "el gran día de la convocatoria y el fracaso de la votación".
MADRID, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -
El presidente del Senado, Javier Rojo, no considera que el presidente de la Generalitat de Cataluña, José Montilla, quede desautorizado si el Tribunal Constitucional decide recortar el texto del Estatut. A su juicio, tras la sentencia "cada uno asumirá su responsabilidad" y después serán los ciudadanos los que decidan con sus votos, aunque recordó que la posibilidad de adelantar las elecciones catalanas es una competencia exclusiva de Montilla.
En una entrevista concedida a Europa Press, Rojo animó a aceptar "las reglas del juego" y recordó que tanto las instituciones de Cataluña como el resto de partidos "hicieron lo que tenían que hacer". "Ahora, una vez que resuelva el Tribunal Constitucional, lo que hay que hacer es acatar y ver las cosas con cierta normalidad", argumentó.
Según apuntó Rojo, todas las instituciones tienen "la responsabilidad" de aceptar el sistema democrático. "Luego cada uno asume su responsabilidad y los ciudadanos somos los que decidimos con nuestra acción más importante, que es el voto", argumentó preguntado por la respuesta que debe articular el Ejecutivo catalán una vez que se conozca la sentencia.
En este mismo contexto situó la posibilidad de adelantar las elecciones catalanas, ya que recordó que es una competencia exclusiva de Montilla "y nadie se le va a quitar". El presidente de la Cámara Alta insistió en que lo importante es dotar de "normalidad" al proceso porque cada uno ha actuado "en función de la legitimidad" que le otorga la Constitución.
"La conducta constitucional nos dice que cuando alguien no está de acuerdo con algo tiene vías para poder discutirlas, y después está el Tribunal Constitucional para decidir --argumentó--. Es compatible lo uno con lo otro. Es compatible que las instituciones de Cataluña han hecho lo que tenían que hacer y a la vez el Tribunal Constitucional está desempeñando su papel".
Rojo hizo hincapié así en que una sentencia negativa del alto tribunal no supondría una desautorización de ninguna institución y recordó que entonces las Cortes Generales también quedarían desautorizadas porque avalaron el texto. "Y yo, como presidente del Senado, no me siento desautorizado porque respeto el Estado de Derecho y las reglas del juego", avisó.
En este punto, fue más allá y defendió que este tipo de procesos "fortalece" el sistema democrático porque "pone en valor" el papel que la Constitución otorga a cada instrumento del Estado. "Y no se trata de cuestionar ningún organismo, yo no lo cuestiono para nada, igual que pido respeto para el resto de las instituciones", enfatizó.
"EL PROBLEMA NO ES DE LA LEY, ES DE LOS POLÍTICOS"
El presidente del Senado también abordó la composición del Tribunal Constitucional y rechazó que la forma de elección de sus magistrados deba ser modificada, ya que la Constitución fija la necesidad de mayorías cualificadas para que los políticos se pongan "de acuerdo" y evitar que el país se divida "en 50 contra 50".
"El problema no es de la ley, el problema lo tenemos los políticos que no somos capaces de ponernos de acuerdo", advirtió antes de aceptar su "cuota de responsabilidad". Por ello, anunció que no convocará la Comisión de Nombramientos encargada de renovar a los cuatro magistrados que le corresponde a la Cámara hasta que exista ese consenso entre los partidos.
"No voy a convocar la Comisión de Nombramientos solamente para tener el gran día de la convocatoria y el gran fracaso el día que haya que votar", avisó antes de defender que las personas que sean propuestas "tienen todo el respeto y toda la consideración". "Lo que hay que hacer es buscar consensos entre formaciones políticas para que la propuesta tenga esa gran mayoría que determina la Constitución", reflexionó.
Los cuatro magistrados del Constitucional propuestos por el Senado, entre ellos su presidenta, María Emilia Casas, están pendientes de renovación desde diciembre de 2007. Tras una reforma del Reglamento de la Cámara, las comunidades autónomas propusieron candidatos para estos nombramientos, pero todas las regiones 'populares' coincidieron en Francisco José Hernando y Enrique López, ex presidente del Tribunal Supremo y ex portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que no cuentan con el visto bueno del PSOE.
