MADRID, 14 Dic. (EUROPA PRESS) -
Diputados murcianos del PP no descartan oponerse al proyecto de reforma del Estatuto de Castilla-La Mancha, aunque tras su tramitación en el Congreso la derogación del trasvase Tajo-Segura se limite finalmente a una sugerencia y no a un mandato como proponían las Cortes regionales, alegando que se trata de competencias exclusivas del Estado.
"¿Qué pasaría si la Asamblea de Murcia aprobara un estatuto que defendiera la continuidad del trasvase Tajo-Segura? ¿Cuál valdría más?", se preguntó el diputado por Murcia Arsenio Pacheco, el mismo que junto a su compañero de filas Alberto Garre rompió la disciplina de partido para rechazar la tramitación del texto en el Pleno del Congreso.
En declaraciones a Europa Press, el diputado 'popular' se reafirmó en que las Cortes de Castilla-La Mancha vulneran la Constitución al entrar en cuestiones que no son de su competencia y pretender fijar en su estatuto de autonomía una fecha de caducidad al trasvase Tajo Segura, concretamente en 2015.
NI SIQUIERA EN EL PREÁMBULO
De esta forma, con relación al transcurso de las negociaciones entre PP y PSOE para consensuar las enmiendas al estatuto castellano-manchego y la posibilidad de hacer del mandato de la derogación del Tajo-Segura una recomendación, avisó de que "no aceptará ni artículo ni preámbulo que afecte a los intereses de Murcia".
Pacheco hizo extensiva esta opinión al resto de los diputados 'populares' de su comunidad, teniendo en cuenta las conversaciones que ha mantenido con ellos en los últimos días. Así, preguntado por si cree que los siete diputados del PP por Murcia votarían 'no' al texto si se cumpliera, como todo apunta, esta fórmula, sentenció: "Probablemente, sí".
EN LA RECTA FINAL
Las negociaciones de los dos principales partidos para presentar juntos las enmiendas a la reforma estatutaria de Castilla-La Mancha ha iniciado ya su recta final y las direcciones de PP y PSOE ultiman las redacciones que esperan cerrar antes de Navidad, después de que esta semana se celebrara la tercera reunión entre ambas.
La semana que viene está prevista una nueva reunión de los negociadores con la intención de alcanzar un acuerdo definitivo, aunque todo apunta a que el próximo martes PP y PSOE propondrán ampliar una vez más el plazo para la presentación de enmiendas y asegurarse así el consenso de todos en torno al texto final.
En todo caso, se registren o no las enmiendas antes de fin de año, los grupos juegan con un amplio margen de tiempo hasta que se inicie la discusión del texto en ponencia, puesto que, según el calendario parlamentario, ésta no puede arrancar antes de febrero, cuando se reanude la actividad ordinaria en la Cámara Baja.
El trabajo de revisión al que se comprometieron PP y PSOE desde el inicio de la tramitación de la reforma estatutaria no se limita al trasvase, puesto que en las enmiendas que los partidos se cruzan estos días entran además aspectos relativos a la definición de competencias y la financiación autonómica.
