SANTA CRUZ DE TENERIFE, 27 Sep. (EP/IP) -
El alcalde de Valle Gran Rey y diputado regional de Coalición Canaria (CC), Esteban Bethencourt, será juzgado por presunta malversación de caudales públicos al cobrar en 1999 dietas del Ayuntamiento de Valle Gran Rey sin justificar por valor de 30.471 euros.
La causa se verá en la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), que se constituirá con un jurado popular. La jueza, Margarita Varona, decidió rechazar la petición de Bethencourt para que testificara el presidente de la Audiencia de Cuentas de Canarias, Rafael Medina Jáber, nombrado por el Parlamento regional a propuesta de CC. La acusación ejercida por el grupo municipal del PSC de la localidad gomera solicitará la pena máxima, que son seis años de prisión y 10 de inhabilitación.
En el auto de la Sala Penal del TSJC se recuerda que "se imputa al querellado, tanto por el Ministerio Fiscal (ejercido por el fiscal jefe del TSJC, Vicente Garrido) como por la acción popular (el portavoz municipal del PSC, Alberto Roldán), la comisión de un delito de malversación de caudales públicos", penado en el artículo 432 del Código Penal con penas de entre 3 y 6 años de prisión y de inhabilitación de 6 a 10 años.
Margarita Varona ordena continuar el procedimiento desechando el sobreseimiento solicitado por Esteban Bethencourt. El imputado considera que no existe menoscabo económico alguno al haber ingresado, entre julio de 2005 y abril de 2006 en la Tesorería del Ayuntamiento, la cantidad de 24.246 euros. Una decisión que el alcalde adoptó tras los incumplimientos detectados por la Audiencia de Cuentas en el informe de fiscalización del Ayuntamiento gomero, aprobado definitivamente el pasado mes de junio.
El informe del órgano fiscalizador de la Comunidad Autónoma fue utilizado por el Ministerio Fiscal para defender que el alcalde, "con la intención de enriquecerse ilícitamente a costa del erario público", cobró en concepto de dietas y gastos de desplazamiento la cantidad de 38.638 euros, en el periodo fiscalizado entre 1999 y 2002. El Fiscal Jefe del TSJC añadió que, al mismo tiempo, el imputado percibió del Parlamento canario 6.731 euros por asistencia y dietas. Una cantidad que supuestamente cobraba los mismos días que el Ayuntamiento le pagó su desplazamiento a Tenerife para asistir al Parlamento.
La magistrada admitió además la ampliación de las diligencia solicitadas por el PSC de Valle Gran Rey al Parlamento y al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Los socialistas de la localidad gomera, según su portavoz, entienden que la presunta malversación puede ser bastante más elevada que las cifras detectadas por la Audiencia de Cuentas. La acusación calcula que cobró fraudulentamente casi 50.000 euros desde 1998 a 2002.
Con el oficio al Parlamento pretenden despejar la duda sobre la existencia de una duplicidad en el cobro de las dietas en su condición de alcalde y diputado. La Sala Penal solicitará a la Cámara los talonarios de viaje gratuito de los que disfrutan los diputados. Con la información solicitada al Ayuntamiento capitalino quieren saber si Esteban Betancourt goza de un domicilio familiar.
En relación a las diligencias de la defensa, el auto considera "necesaria la unión al procedimiento" de los documentos de reintegros de cantidades satisfechos por Bethencourt. Se trata de tres ingresos, el primero de los cuales se hizo en julio de 2005 por valor de 9.465 euros. El segundo y tercero se hicieron a finales de abril de 2006, de 10.003 y 4.776 euros, respectivamente.
Sin embargo, Varona rechaza la solicitud para que declarara el imputado y el presidente de la Audiencia de Cuentas de Canarias. La petición relativa a Rafael Medina Jáber, para la magistrada, resulta "impertinente" a la vista de que el informe de la Audiencia constituye un documento oficial, "que no precisa de su ratificación".
