MADRID, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -
Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de España y Francia han detenido en territorio español y francés a un total de 28 presuntos miembros de ETA desde que hace ocho meses, el pasado 22 de marzo, la banda anunciara un alto el fuego permanente.
En las dos últimas operaciones, que tuvieron lugar esta misma semana en el país vecino, han sido detenidos un total seis presuntos integrantes de la organización terrorista, entre ellos Zigor Garro Pérez, considerado actual responsable del aparato logístico de ETA que robó 350 armas en Francia, y Eneko Bilbao, integrante del 'comando Urbasa' y acusado de ser uno de los autores del atentado que le costó una pierna al socialista vasco Eduardo Madina.
La primera operación tuvo lugar el pasado miércoles, cuando la Policía francesa detuvo en Quézac a los tres presuntos etarras Zigor Garro Pérez, considerado actual responsable del aparato logístico que de ETAEkain Mendizabal Mugica y Marina Bernadó Bonada. La segunda se desarrolló esta misma mañana, cuando la Policía francesa, en colaboración con la española, detuvo en La Besserette a tres presuntos miembros del aparato militar de ETA, entre ellos, Eneko Bilbao Aresti, integrante del 'comando Urbasa' y acusado de ser uno de los autores del atentado que le costó una pierna al socialista vasco Eduardo Madina.
Junto a él fueron arrestados también Borja Gutiérrez Elordui, quien formó parte de un activo 'Grupo Y' de la 'kale borroka', desarticulado en diciembre de 1999, y Zorian Salsamendi Abad, del que consta una orden internacional de busca y captura.
OPERACIONES CONJUNTAS ENTRE FRANCIA Y ESPAÑA
Del total de miembros de ETA detenidos desde el alto el fuego de la organización terrorista, diez fueron arrestados en España, concretamente en el País Vasco, y los 18 restantes en Francia, en la gran mayoría de las ocasiones como fruto operaciones conjuntas entre ambos países. Las detenciones llevadas han supuesto un duro golpe al aparato de extorsión de ETA, principalmente, con el arresto de 16 de sus supuestos integrantes.
Entre ellos se encuentran Julen Madariaga, que ahora formaba parte de la Ejecutiva de Aralar, y otros históricos de la organización terrorista, como Eloy Uriarte Díaz de Gereñu, 'El señor Robles' --uno de los principales responsables de la extorsión de ETA en los años 80-- o Ramón Sagarzazu, que había sido el número dos del aparato de finanzas de la banda.
Además, desde la declaración de alto el fuego han sido detenidos otros tres supuestos miembros del 'aparato logístico' de ETA, así como dos supuestos etarras relacionados con los 'bonos' que utiliza la banda para el cobro del impuesto revolucionario y el presunto autor del asesinato de un funcionario de prisiones.
La última detención de un etarra se produjo el pasado día 10 de agosto en una operación de la Guardia Civil desarrollada en el País Vasco. El presunto colaborador de ETA Zigor Bravo Saez de Urabain, de 30 años, fue arrestado en Vitoria (Álava), por su presunta participación en el asesinato del funcionario de prisiones Máximo Casado en octubre de 2000.
Un mes antes, el 11 de julio, la Policía detuvo en Guipúzcoa a dos presuntos colaboradores de la red organizada de extorsión de ETA, encargada de la gestión y cobro del conocido como 'impuesto revolucionario'.
En esta ocasión, fueron arrestados Pablo María Muñoz Peña, de 65 años, que se habría encargado de las funciones de mediación entre el sector empresarial navarro y la citada red de extorsión etarra por encargo de otros miembros ya detenidos de la red; y a Jesús Iruretagoyena de la Fuente, nacido en el año 1940 en Santander (Cantabria), la persona de contacto para intermediar, en representación de la red organizada de extorsión de ETA, en el cobro de las extorsiones a empresarios de su zona de asentamiento.
Las detenciones fueron ordenadas por el juez titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional y se enmarcaron dentro de las actuaciones realizadas durante una operación antiterrorista desarrollada en territorio francés y español el 20 de junio y fruto de la colaboración entre ambos países. En esta ocasión fueron detenidos 12 personas presuntamente vinculadas a la red de extorsión de ETA y cuyo cometido era la gestión y recaudación del conocido como 'impuesto revolucionario' exigido a empresarios e industriales en el País Vasco y Navarra.
En esta operación, que tenía su origen en el sumario abierto en 1998 en la Audiencia Nacional, fueron detenidos en territorio francés Ángel Iturbe Abásolo, responsable de la red; José Luis Cau Aldanur; Julen Kerman de Madariaga y Aguirre; Maria Cristina Larrañaga Arando; Eloy Uriarte Díaz Guereñu; Maria Izaskun Ganchegui Arruti; y José Ramón Badiola Zabaleta.
Además, en España se arrestó a Joseba Imanol Elosúa Urbieta, José Carmelo Luquín Vergara, Ramón Sagarzazu Olazaguirre, Jean Pierre Harocarene Camio e Ignacio Aristizábal Iriarte.
Días antes, en el país vecino se detuvo a otros dos presuntos integrantes del 'aparato de extorsión' de ETA dedicado al cobro del impuesto revolucionario: Zigor Merodio Larraona, de 31 años, y Kizkitza Gil de San Vicente Gurrutxaga. Ambos fueron arrestados al sufrir un accidente tras saltarse un control de alcoholemia tendido por la Gendarmería. En el momento de la detención, llevaban en su poder una mochila, en la que portaban una pistola cargada, así como una gran cantidad de documentos y dinero.
El 30 de mayo, la policía francesa detuvo en el País Vasco francés a otros tres presuntos colaboradores de ETA por su presunta vinculación con el 'aparato logístico' de ETA a través de la organización juvenil ilegalizada Segi. Los arrestos se efectuaron en aplicación de una comisión rogatoria del año 2003, de la juez encargada de la lucha antiterrorista Laurence Le Vert.
Los detenidos fueron Jon Oihenart, de 29 años y miembro de la asociación de apoyo a presos Artean, que se encontraba huido de la justicia desde hace un año; Ainara Goñi, de 24 años y de nacionalidad francesa; y Bernard Trounday, de 40 años. Los tres podrían haber colaborado con ETA en el alquiler, con documentación falsa, de casas y viviendas en las que se habrían alojado miembros de la banda terrorista en los últimos años.
El 18 de abril la Guardia Civil detuvo en Vizcaya a un supuesto miembro de ETA que portaba 'bonos' presuntamente utilizados para financiar a ETA. El etarra arrestado, Ibon Meñika O., ya había sido condenado en 2005 por la Audiencia Nacional a tres años y medio de prisión por asociación ilícita en la causa contra Jarrai, Haika y Segi.
En el momento del arresto, durante un control rutinario establecido por la Guardia Civil en la carretera N-634, en Abadiño, llevaba en su coche 90 recibos de bonos con el sello de ETA, por un valor de 60 euros la unidad. Éste es uno de los métodos empleados tradicionalmente por la organización terrorista para recabar las aportaciones voluntarias de sus simpatizantes.
Fruto de esta detención, días más tarde, el 24 de ese mes, fue detenida Sandra Barrenetxea D. por su presunta relación con la trama que imprimió bonos con el anagrama de ETA para recaudar dinero y quien, supuestamente, habría ayudado a Meñika a distribuirlos. La joven, de 31 años y miembro del sindicato LAB, fue detenida en Bilbao y se le consideró, presuntamente, responsable de la organización Ekin, ilegalizada por el juez Garzón en el año 2001.
