Sagarzazu, que se negó a declarar, irá a prisión a la espera de un abogado y Aristizábal tendrá que personarse semanalmente ante el juez
MADRID, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -
El juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska decretó hoy prisión para Ramón Sagarzazu Olazaguirre por un delito de integración o colaboración con organización terrorista y puso en libertad a Ignacio Aristizábal Iriarte, quien tendrá que personarse semanalmente ante el juzgado más cercano. El fiscal Juan Antonio García Jabaloy no solicitó ninguna medida cautelar contra éste. Se trata de los dos últimos de los cinco detenidos en España en la operación de la madrugada del pasado martes contra el aparato de extorsión de ETA a los que el magistrado tomó declaración esta tarde.
Además, el juez ha levantado la incomunicación de los tres detenidos contra los que ya había decretado prisión bajo este régimen, una vez terminados los interrogatorios de los imputados.
Sagarzazu Olazaguirre, de 69 años, irá a prisión por delito de integración o colaboración con organización terrorista, a la espera de que le designen un abogado para que comparezca el próximo jueves, después de que hoy se negara a declarar ante Marlaska.
La comparecencia de los dos últimos detenidos estaba prevista para las 17.30 horas de hoy, pero el retraso en el interrogatorio del principal imputado en esta operación, Joseba Imanol Elosúa Urbieta, provocó que no comenzase hasta las 18.15 aproximadamente. La vista ante el juez se alargó durante aproximadamente tres horas y media.
De esta manera, y tras decretar la apuesta en liberta de uno de ellos y el encarcelamiento del otro, el magistrado ya ha enviado a prisión incondicional a cuatro de los cinco detenidos el pasado martes, al considerar que podrían haber incurrido en delitos de pertenencia o colaboración con organización terrorista.
CUATRO EN PRISIÓN
El pasado jueves decretó esta medida cautelar contra el primero de los supuestos integrantes del aparato de extorsión de ETA, Jean Pierre Harocarene (42 años), ayer lo hizo contra José Carmelo Luquín (31 años), yerno de Elosúa Urbieta (71 años), el principal imputado en la operación policial, a quien hoy también envió a la cárcel. Los cinco imputados declararon en sus respectivas comparecencias sobre los hechos que les imputa el juez.
Según las investigaciones, estos cinco detenidos en España , junto con otros siete que fueron arrestados en Francia, formaban este aparato de extorsión que operaba en ambos países desde hace 20 años. Supuestamente, su cometido era la gestión y recaudación del conocido como "impuesto revolucionario", exigido a empresarios e industriales españoles en el País Vasco y Navarra.
En concreto, la red española realizaba labores de intermediación en el cobro del "impuesto revolucionario", que consistían en establecer contacto con los extorsionados, poner en marcha el proceso de negociación, articular plazos y vías seguras de pagos, entregar recibos a los empresarios, distribuir las cartas de extorsión y, en determinadas ocasiones, cobrar el dinero, actuando también como "enlaces" con la organización terrorista. También se encargaban de invertir el dinero procedente del "impuesto" y de hacerlo desaparecer de forma clandestina a través de circuitos regulares fiscalizables en España.
Elosúa Urbieta está considerado el principal imputado entre los supuestos integrantes del aparato de extorsión desarticulado en España. Este detenido regentaba el restaurante "Faisán", en la localidad de Irún (Guipúzcoa), que según las investigaciones fue adquirido con dinero obtenido del "impuesto revolucionario" y donde supuestamente los integrantes del aparato de finanzas enviaban el dinero recibido de la extorsión.
LUNES, AUTO Y EMPRESARIOS NAVARROS
Fuentes jurídicas informaron de que previsiblemente el juez hará público el lunes el auto íntegro con los indicios que existen contra los detenidos en la operación, coordinada por el juez Grande-Marlaska y la magistrada francesa Laurence Levert, a partir de las investigaciones realizadas durante los dos últimos años en España y Francia por un Equipo Conjunto de Investigación.
El lunes también está previsto que comparezcan ante el magistrado los dos empresarios navarros detenidos ayer acusados de haber pagado el "impuesto revolucionario", según documentación incautada en la operación del pasado martes. El juez Grande-Marlaska considera que podrían haber incurrido en un delito de colaboración con organización terrorista.
