ALICANTE, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -
El ex abogado de la Caja de Crédito de Alcoy que llevaba los asuntos de la entidad mientras ésta estaba en funcionamiento declaró hoy en el juicio por la quiebra de la caja, que las presiones que en su opinión ejerció el Banco de España al "filtrar" una noticia negativa para la entidad "provocaron la quiebra" de la misma.
Durante la sexta jornada del juicio que se celebra en la Audiencia Provincial de Alicante por la presunta quiebra fraudulenta de la entidad, declararon dos testigos propuestos por la defensa, entre los que se encontraba el citado letrado, identificado como José B.B., y también testificaron tres personas más propuestas por la acusación particular con las que concluyeron el conjunto de las pruebas testificales de la misma.
En este sentido, el que fuera abogado de Caja Alcoy apuntó que a raíz de la noticia "filtrada" por el Banco de España, la gente fue a retirar su dinero y los depósitos a plazo fijo que tenían en la entidad, lo que dejó a la oficina sin "liquidez" para hacer frente a estas demandas y obligó a "declarar su suspensión de pagos".
Además, José B.B. declaró que a su parecer era posible "salvar la caja" mediante el cambio de sus directivos y administradores, "evitando así la quiebra", pero la demanda de dinero provocada por la noticia publicada en la prensa "provocó la quiebra" e impidió esta solución. De igual modo, el abogado manifestó que el consejo rector de la caja no era "experto en temas bancarios".
Por otra parte, el abogado de la acusación particular, Luis Ferrer, indicó hoy a la salida del juicio que a través de las declaraciones de José B.B. ha quedado patente que el consejo rector de la caja "tenía conocimiento" del expediente que abrió el Banco de España en 1989.
En este sentido, Ferrer recordó que su contenido ya fue leído "en el seno del consejo", por lo que consideró que éste "debería haberse interesado un poco más" por las anomalías de la entidad señaladas por el Banco de España.
Ferrer también hizo un balance general de la vista tras terminar hoy las declaraciones de los testigos propuestos por la acusación particular, y opinó que "va bien". Durante la sesión del juicio prevista para el próximo martes, 5 de febrero, prestarán declaración ocho de los testigos propuestos por la defensa.
PENAS.
Los hechos se remontan al año 1993 cuando los directivos de la entidad, ahora procesados, presuntamente cometieron operaciones fraudulentas y un delito de insolvencia punible.
En su escrito de acusación provisional, el fiscal acusa a cinco directivos de Caja Alcoy, para los que solicita seis años de prisión por conceder créditos sin las debidas garantías, lo que provocó la suspensión de pagos y la quiebra de la entidad que afectó a más de 1.500 clientes.
El fiscal pide para los cinco acusados seis años de prisión, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, inhabilitación especial para profesión y oficio relacionado con la actividad propia de las entidades de crédito durante el tiempo de la condena, multa de 24 meses con cuota diaria de 500 euros, con aplicación del artículo 53 del Código Penal, en su caso, y costas.
Además, establece que los acusados deberán indemnizar conjunta y solidariamente a la mesa de los acreedores de la entidad quebrada con la cantidad de 2.645.911 euros, que es el resultado de restar a la morosidad de la caja cuando presentó la suspensión, un total de 3.770.828, la cantidad de 1.124.917 euros recuperados por la administración de la quiebra.
Por su parte, la acusación particular, pide 40 años de cárcel, ya que incluyen en sus acusaciones a todos los miembros del consejo rector de la entidad alcoyana, algunos de los cuales no han sido acusados por el fiscal.
Así mismo, acusan a los imputados de un delito societario y otro de apropiación indebida y también del de insolvencia punible, y solicitan más de cuatro millones de euros en concepto de responsabilidad civil subsidiaria.
