PINTO (MADRID), 3 Feb. (EUROPA PRESS) -
El juzgado de Instrucción número 6 de Parla asegura en el auto de imputación a la ex alcaldesa de Pinto y actual portavoz del PP, Miriam Rabaneda, por presunta prevaricación que ésta ordenó mediante "decreto de Alcaldía" la devolución de cinco millones de euros a promotores urbanístico días antes de la moción de censura de PSOE, IU y 'Juntos por Pinto' (JpP), a pesar de que contaba con un informe desfavorable de Intervención que impedía "utilizar" esa aportación.
Según el auto, entre el 2 y el 22 de diciembre de 2008 -periodo comprendido entre el anuncio y la presentación del veto de censura-, el Ejecutivo "procedió arbitrariamente a devolver cinco millones de euros mediante decreto de Alcaldía suscrito dos días después de conocerse la moción", un modo de proceder que -según recogió el auto teniendo en cuenta la denuncia del alcalde, Juan José Martín (PSOE)- fue "arbitrario, injusto, lesivo y contrario a Derecho, con clara intencionalidad de perjudicar gravemente la situación económica del Ayuntamiento y despreciando los intereses generales de los pinteños".
En su momento, la ex alcaldesa argumentó en Pleno que la devolución del dinero respondió a la petición expresa de los promotores urbanísticos, quienes ofrecieron el dinero a modo de aval para el inicio de un desarrollo residencial en `Punctum Millenium' y que, al confirmar que se gestaba la moción de censura, reclamaron sus aportaciones.
Uno de los documentos de Intervención que recoge el auto argumentó que ese dinero no se podía "utilizar" puesto que no existía informe oficial sobre su naturaleza e ingreso. Así, el 2 de diciembre de 2008, este departamento firmó un informe advirtiendo de lo que podía ocurrir: "Si por parte de la concejala se manda disponer de ella -concretaba el documento-, estará incurriendo en prevaricación al ordenar el pago a sabiendas de que es ilegal".
A pesar de los informes, la ex alcaldesa devolvió el dinero, ya que el desarrollo urbanístico "no llegó a viabilizarse", en una decisión que el titular del juzgado consideró que "podría resultar ciertamente irregular". No obstante, a continuación apuntó que el destino del dinero no podía haber sido otro que "el acordado por la Alcaldesa obviando el procedimiento legalmente establecido".
