MADRID, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -
El exdirectivo del Canal de Isabel II Pablo López Heras ha defendido este miércoles ante el juez de la Audiencia Nacional que instruye el 'caso Lezo', Manuel García Castellón, la operación de compra de la sociedad colombiana Inassa, al tiempo que ha asegurado que el precio de adquisición, 73 millones de dólares, fue el más ventajoso para la empresa pública de aguas.
Según fuentes presentes en la declaración, López Heras ha venido a confirmar lo mismo que argumentaron otros imputados por la adquisición presuntamente irregular de Inassa, y es que el precio por el que finalmente se hizo la operación fue la mejor oferta en aquel momento.
El exdirectivo ha comparecido como investigado en relación con el informe técnico sobre el proyecto que él y otros responsables del Canal de Isabel II presentaron a los miembros del consejo de administración en noviembre de 2001, gracias al cual dieron el visto bueno a la compra de la empresa colombiana, tras lo cual el proyecto pasó a manos del Consejo de Gobierno, que aprobó definitivamente la compra de Inassa.
Todos los exconsejeros del Canal, incluidos antiguos políticos de la máxima confianza del entonces presidente de la Comunidad de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, como Pedro Calvo y Juan Bravo, están investigados en esta pieza del 'caso Lezo'.
Según las fuentes consultadas, López Heras, que ha comparecido durante varias horas ante el juez, ha asegurado a preguntas de la Fiscalía que el informe presentado a los entonces consejeros del Canal fue el reflejo de la operación que después se llevó a cabo para comprar Inassa y que todo lo ahí expuesto era correcto.
LOS OTROS RESPONSABLES DEL INFORME
En los próximos días están previstas las comparecencias de los otros miembros del equipo del Canal de Isabel II que presentaron el informe de compra: el exdirector Económico y de Desarrollo Comercial José Antonio de Cachavera declarará mañana, jueves, mientras que el ex director gerente Arturo Canalda lo hará el próximo 1 de febrero.
La Fiscalía Anticorrupción ve evidente "la existencia de un cúmulo de irregularidades cometidas durante todo el proceso de adquisición por el ente público de esta sociedad colombiana", ya que, según el relato de los hechos que hace el fiscal, la compra se hizo de una forma distinta a la autorizada, ya que en vez de hacerlo de forma directa se empleó la panameña Aguas de América SA, sociedad radicada en un paraíso fiscal.
El escrito de acusación indica que la operativa paralela fue diseñada por Canalda, Cachavera y López Heras, que gestionaron la adquisición de Inassa de una forma muy diferente al acuerdo de compra que se rubricó en el consejo de administración.
Por tanto, aunque la operación se autorizó formalmente en el consejo de administración del 14 de noviembre de 2001, el Ministerio Público afirma que seis días antes ya estaba concedido el aval bancario definitivo para adquirir Inassa así como redactado el acuerdo de compraventa de acciones de la sociedad panameña, creada con la finalidad de canalizar los intereses de los implicados en la operativa.
