MADRID, 24 (EUROPA PRESS)
El exministro Rafael Arias Salgado, que con UCD gestionó Administraciones Públicas y con el PP fue titular de Fomento, ha desaconsejado en el Congreso abrir un proceso de reforma constitucional y ha apostado por la vía de acuerdos entre los partidos para mejorar el modelo autonómico, teniendo claro que no se deben ceder ya más competencias a las comunidades. "El grado de descentralización del Estado español no tiene parangón en el mundo y no cabe transferir más poder", ha dicho.
Durante su comparecencia este miércoles en la comisión del Congreso que estudia la modernización del Estado autonómico, Arias Salgado ha recordado que para iniciar un proceso de reforma de la vigente Carta Magna hace falta un consenso tan amplio como el que dio lugar al vigente texto constitucional, lo que supone un respaldo mínimo de tres quintos del Congreso (210 diputados) y para algunos aspectos determinados incluso dos tercios (233).
Además, también requeriría, a su juicio, un debate previo de diagnóstico y preguntarse "qué es lo que ha funcionado mal en la Constitución, qué ha funcionado aceptablemente pero es objetivamente es mejorable, y qué es lo que ha funcionado bien y no conviene tocar".
ES MUY "ARRIESGADO" ABRIR AHORA EL PROCESO
Arias Salgado ha reconocido que no es partidario de abrir una reforma de la Constitución para aclarar el modelo autonómico, pues lo considera "arriesgado": "Si el Estado de las Autonomías es el principal argumento para ir a una reforma constitucional, yo digo que no es necesaria", ha zanjado.
Ahora bien, el veterano político cree que, si hay consenso entre los partidos, se pueden hacer muchas mejoras sin necesidad de reformar la Constitución, y ha abogado por aprovechar el instrumento de las leyes de armonización.
El exministro, que en 1982 defendió la Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico (LOAPA) que acabó anulando el Tribunal Consitucional, considera que "ha llegado el momento" de cerrar el traspaso de poder a las autonomías y "darlo por concluido".
Según ha argumentado, los estatutos de autonomía están "en un techo" que "no se puede sobrepasar" sin poner en riesgo la viabilidad del Estado central y sin llegar a un esquema confederal que, según ha dicho, "acabaría en el cantón de Cartagena".
"En esta reordenación competencial, habría que tener claro que no es posible transferir más poder a las comunidades autónomas si queremos que el Estado sea un auténtico sujeto internacional --ha asegurado--. El mundo está en un momento de cambio estructural, porque el proceso de globalización es imparable, y no se puede limitar la capacidad de actuación del Estado".
COMPETENCIAS EXCLUSIVAS DEL ESTADO
Y, para ese cierre, Arias Salgado ha apuntado que habría que garantizar la capacidad de decisión del Estado en determinados ámbitos, como el "monopolio" de la política exterior, la unidad de mercado y el derecho de asistencia sanitaria en todo el país. También defiende que en el ámbito educativo el Estado tenga "la última palabra".
Asimismo, el exministro ha subrayado que el Estado ha hecho muchos "esfuerzos" para integrar las identidades históricas en España y cree que ahora debería garantizarse el principio de la lealtad constitucional.
Durante su alocución, Arias Salgado ha ensalzado las bondades de la Constitución de 1978 que, a su juicio, tiene "plenitud de legitimidad", "sin perjuicio de que haya cosas que "se puedan mejorar", y ha pedido a los parlamentario que "extremen la prudencia" al hablar de la reforma constitucional. "No se trata de sacralizar el texto, pero la aportación que ha hecho éste a la vida política no tienen parangón", ha indicado.
A preguntas de los grupos parlamentarios, Arias Salgado se ha mostrado contrario, en una hipotética reforma constitucional, a incluir como derechos vinculados todo lo que tiene que ver con el ámbito social porque, en su opinión, "comprometería el gasto del Estado", y también ha rechazado que se introduzca la financiación de las comunidades autónomas.
Asimismo, le han pedido su opinión sobre qué se debería hacer con el Senado. En caso de acuerdo, el exministro ha abogado por impulsar una ley orgánica de reforma de la Cámara Alta, más que reformar la Constitución para hacer de ésta una verdadera Cámara de representación territorial.
