Otro profesor afirma que los ayuntamientos son hoy más "vulnerables" frente a Estado y CCAA por no tener bien definidas sus competencias
MADRID, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -
La profesora de Derecho Constitucional en la Universidad Autónoma de Barcelona María Jesús García Morales defendió hoy la colaboración "horizontal" entre todas las Comunidades Autónomas, sin la participación del Estado, que les permitiera tratar problemas comunes y buscar soluciones. Aseguró que no existen obstáculos jurídicos para que órganos así funcionen ya, pero que falta "voluntad política".
Además, García Morales También apostó por abordar una "reforma en profundidad" de la relación "vertical" entre las CCAA y el Estado, sobre todo, las conferencias sectoriales, para mejorar su funcionamiento y hacer más partícipes a las Comunidades.
"Hay recelos del Estado sobre la colaboración horizontal y de las Comunidades respecto de la colaboración vertical. El punto de partida es de poca confianza mutua", aseguró esta experta durante su intervención en una de las mesas redondas organizadas por la Asociación de Constitucionalistas de España para celebrar los 30 años de la Constitución. Una reforma de la Carta Magna, expuso, debería servir para regula estas nuevas fórmulas de cooperación.
"La colaboración horizontal no puede seguir siendo la asignatura pendiente", afirmó García Morales, quien aseguró que las Comunidades son más proclives a colaborar con el Estado, por su posición económica, que con otras regiones. Como muestra, aseguró que en los 30 años de Constitución sólo se han firmado 75 convenios de colaboración entre CCAA y 20 de ellos, los dos últimos años.
LA MULTILATERALIDAD GANA TERRENO.
A su juicio, los estatutos de autonomía han ido delimitando qué competencias corresponden a las CCAA, pero no se ha producido a la vez la organización de foros donde estas administraciones intercambien "puntos de vista" y puedan "acordar acciones". El proceso de reforma y desarrollo estatutario y la aprobación de nuevas leyes como la de dependencia o de desarrollo rural, aseguró, hace que "gane terreno" la multilateralidad sobre la bilateralidad y que sea imprescindible la colaboración entre todos.
"Se pierden oportunidades que esta relación ofrece en el ejercicio de la autonomía, se pueden tratar problemas sin necesidad de acudir al poder central", afirmó.
Para García Malo, la falta de voluntad política para que estas relaciones horizontales se den lo demuestra que la Conferencia de Presidentes, en la que se reúnen todos los ejecutivos autonómicos, ha sido promovida por el Gobierno central y tiene así "carácter vertical". La fórmula, a su juicio, debe consolidarse.
Por último, y con respecto a las conferencias sectoriales, en las que se reúnen todas las CCAA y el Estado para tratar asuntos concretos, aseguró que necesitan una reforma profunda para que funcionen y no se limiten a reuniones sobre cómo repartir el dinero que pone el Gobierno sobre la mesa o que llega de la Unión Europea. Como posibilidad para incentivar la implicación autonómica, García Morales propuso que las Comunidades copresidan estas conferencias, ya que de su convocatoria y orden del día se encarga el Estado.
INSATISFACCIÓN DE LAS CCAA.
El catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Pompeu Fabra Marc Carrillo abordó las reformas estatutarias aprobadas la pasada legislatura y explicó que, a su juicio, responden a una "insatisfacción" de las comunidades autónomas sobre los niveles de autogobierno alcanzados.
Además, analizó los recursos de presentados ante el Tribunal Constitucional contra el Estatut de Cataluña y defendió que la Constitución "avala" la definición de competencias recogida en el texto estatutario, así como su capítulo de derechos. "Los estatutos son reflejo de una posición jurídica ambiciosa y para dar forma jurídica a una insatisfacción de autogobierno --prosiguió--. Ahora debemos preguntarnos si hay cultura política para aceptar un reto de estas características".
El último en intervenir fue el profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Córdoba Octavio Salazar, quien abordó el papel de las entidades locales en la estructura del Estado español y reconoció muchas de las reivindicaciones formuladas por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).
Salazar señaló que las reformas de los estatutos de autonomía ofrecieron una oportunidad para integrar a los gobiernos locales en las comunidades autónomas pero lamentó que no fue así. Además, recordó que incluso el Gobierno renunció en la pasada legislatura a reformar la Ley del Gobierno local.
A su juicio, el régimen local sigue en situación de "provisionalidad" y repasó algunos de sus "problemas" como las denominadas competencias impropias o la deficiente financiación con la que cuentan. Según expuso, los entes locales son "sujetos vulnerables" respecto al Estado y las comunidades autónomas como consecuencia de su "indefinición competencial".
