23 de enero de 2021
11 de diciembre de 2007

Familiares de la anciana envenenada en Carballo y policía coinciden en que la acusada llegó a reconocer los hechos

El marido y la hija de la acusada de envenenar a su suegra deciden no declarar ante el juez por considerar que "podrían perjudicarla"

A CORUÑA, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

Varios familiares de la mujer acusada de envenenar a su suegra hasta causarle la muerte en 2006 coincidieron hoy con agentes de la policía que intervinieron en el caso en que Olga C.A., de 48 años de edad, llegó a reconocer en diversas ocasiones los hechos por los cuales es juzgada, pese a que en la sesión de hoy no contestó a las preguntas del fiscal.

Así, los cuñados de la acusada, sus cónyuges y la hija de uno de los matrimonios declararon que el marido de la acusada les confesó que ésta reconoció a la hija de ambos que envenenó el jarabe de su suegra.

"Ella le dijo a su hija que si la abuela se había puesto mala era por culpa del plaguicida, y la hija se lo contó a su padre", reconoció uno de los cuñados de la acusada con una afirmación que fue repetida con similares palabras por el resto de los familiares, a excepción del marido y la hija de la acusada, que prefirieron no declarar ante el juez por considerar que "podrían perjudicarla".

Por otro lado, todos los declarantes de la familia coincidieron en que la acusada en aquella época se encontraba "afectada de los nervios y con depresión", pero reconocieron no haber visto en ningún momento malos tratos hacia la víctima.

Además, los familiares explicaron que "los temas económicos ya estaban arreglados hace tiempo" y que ya se había decidido que fueran la acusada y su marido los que se quedaran con la casa en la que vivían cuando falleciera la víctima, propietaria de la misma. Esta vivienda era compartida por el matrimonio y la víctima desde que se casaron.

DETENCIÓN COMO SOSPECHOSA.

Por su parte, el policía al mando del caso explicó al juez que el marido de la acusada se presentó de manera voluntaria en la comisaría, cuando su madre ya estaba ingresada en el hospital, para "asesorarse sobre lo que podría ocurrir en el caso de que su mujer hubiera cometido un accidente con el plaguicida". Estos hechos obligaron a abrir diligencias y a acompañar al marido de la acusada a por dicho veneno para que quedara en la comisaría como posible prueba.

Además, los policías encargados del caso explicaron que meses después del fallecimiento de la víctima, los familiares fueron llamados a declarar como testigos con el objetivo de esclarecer lo ocurrido, y que fue entonces cuando la acusada, "entre sollozos, empezó a repetir que ella no pretendía hacer daño a su suegra y que su marido y su hija ya la habían perdonado", unas afirmaciones que culminaron en su detención como sospechosa.

No obstante, la acusada, al declarar ya como sospechosa y no como testigo, y asesorada por un abogado, "no mencionó ninguno de estos hechos en su declaración formal", según explicó la policía. En la jornada de hoy la acusada se negó a responder las preguntas del fiscal y presentaba un evidente estado de nerviosismo.

EXAMEN PSIQUIÁTRICO.

Los policías explicaron que al detener a la víctima sus familiares manifestaron que ésta estaba bajo tratamiento psiquiátrico, lo que obligó a que fuera examinada por un psiquiatra con el objetivo de saber si debía ser ingresada en un centro médico. Finalmente, la especialista determinó darle el alta y que fuera tratada como una presa común.

Sobre esto, los policías declararon haber estado presentes en el examen psiquiátrico "por motivos de seguridad" y señalaron que la acusada reconoció "de manera espontánea" al especialista que echó "un producto en el jarabe de su suegra" pero que añadió que "eso no la había matado".

La Audiencia Provincial de A Coruña celebra a lo largo de esta semana el juicio con jurado popular contra esta mujer vecina de Carballo y que está acusada de envenenar a su suegra hasta causarle la muerte en enero de 2006. La Fiscalía solicita para la acusada, O.C.A., de 48 años de edad, un total de 17 años de cárcel y la indemnización a dos de los hijos de la víctima con 10.000 euros a cada uno por daño moral, ya que los otros tres renunciaron a dicha remuneración económica.