Lleva al Consejo Fiscal del 18 de septiembre el debate sobre si la petición de los vocales conservadores, es "pertinente"
MADRID, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -
La fiscal general del Estado, María José Segarra, no reclamará aún al Ministerio de Justicia los documentos relativos a la respuesta que el Gobierno está dando a la demanda civil contra el instructor del 'procés' Pablo Llarena en Bélgica a pesar de la petición en dicho sentido de varios vocales del Consejo Fiscal, que consideran que este órgano debe tener informado al respecto.
Por el momento, Segarra se limita a llevar la petición al orden del día del Consejo Fiscal que se celebrará el próximo 18 de septiembre para estudiar la "procedencia y admisión" de dicha petición.
Así lo ha comunicado este miércoles la Fiscalía General del Estado, que retrasa de este modo la respuesta a la petición concreta que le realizaron ayer los cinco vocales de la conservadora Asociación de Fiscales en el Consejo Fiscal --órgano representativo de la Carrera con funciones consultivas-- que creen que la gravedad de lo ocurrido merece que se les informe de las decisiones de Justicia en relación con la defensa de la soberanía de los tribunales españoles en este caso.
Los fiscales Concepción Talón, Juan Andrés Bermejo, Juan Francisco Ríos, María Rosario Lacasa y Rosa Rubio dirigieron ayer un escrito a la fiscal general aduciendo que la demanda contra Llarena ha sido presentada por implicados directamente en los hechos instruidos por Llarena en el Tribunal Supremo y han obtenido "indebido amparo jurídico" por parte de los tribunales belgas y alemanes.
En la misiva exponen que la intención de esta demanda no es otra que "someter a inquisición de los órganos judiciales de un Estado extranjero, Bélgica, la legítima actuación de los tribunales españoles, arrojando dudas y tachas sobre España y su Estado democrático de Derecho" lo que a su juicio requiere del Estado español todas las actuaciones adecuadas para su defensa ante la comunidad internacional "tanto la jurídica como la representada por la opinión pública".
Añaden que la demanda contra Llarena, al afectar al instructor del caso en el Tribunal Supremo español y cuestionar los derechos fundamentales de los investigados "supera notoriamente los límites de una demanda personal" y supone un "ataque intolerable a la democracia española, a la integridad jurisdiccional y competencia de los tribunales de España".
Por todo ello, estiman que Consejo Fiscal debe estar informado de todas las actuaciones desplegadas al respecto y reclaman a Justicia que les envíe la demanda presentada en Bélgica, su traducción al castellano, los dictámentes realizados por la Abogacía del Estado y la resolución final de la ministra de Justicia "así como cualesquiera otras resoluciones o documentos aptos para que el Consejo Fiscal tenga completo y cabal conocimiento" de todas las decisiones adoptadas sobre este asunto.
