MADRID, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -
La fiscal Paloma Iglesias ha solicitado este miércoles en el Tribunal Supremo la confirmación de la condena a 44 años de cárcel impuesta por la Audiencia Nacional al etarra Manex Castro Zabaleta por el asesinato del empresario vasco Ignacio Uria, cometido en la localidad guipuzcoana de Azpeitia el 3 de diciembre de 2008.
La petición del Ministerio Público, coincidente con la expuesta por la representación procesal de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, se ha realizado durante una vista pública celebrada en el alto tribunal.
La sentencia recurrida consideró a Castro culpable de un delito de asesinato terrorista, otro de detención ilegal, un robo de vehículo de motor con fines terroristas y un delito de daños terroristas. Además, se le condenó a pagar un total de 400.000 euros a la viuda y a los cinco hijos en concepto de indemnización, y se le prohibió acercarse a ellos y acudir a Azpeitia durante un plazo de diez años una vez cumplida la condena.
Durante su intervención, el abogado de Castro ha reconocido la pertenencia de su patrocinado a ETA, e incluso su participación en otros atentados del mismo "comando" que ejecutó el asesinato de Uría.
INSUFICIENCIA PROBATORIA
No obstante, considera que no hay prueba suficiente de que su defendido participara en este atentado en concreto y que la única prueba que le señala, la aparición de su ADN en un teléfono utilizado por el "comando", fue dejada allí en atentados posteriores. "De esta acción no tenía ni la más remota idea" ha señalado.
La Sección Primera de lo Penal de la Audiencia Nacional tuvo en cuenta el tráfico de llamadas del teléfono móvil que Manex Castro arrojó a la basura junto a restos de explosivos. Los investigadores encontraron las huellas genéticas del acusado en el aparato que fue empleado para comunicarse con otros miembros del comando durante la preparación y ejecución del atentado contra Uria.
Los jueces de la Audiencia descartaron el alcance exculpatorio de los testimonios de dos empleados y del jefe de la empresa de jardinería en la que Castro trabajaba. El acusado y los testigos aseguraron durante el juicio haberse enterado "a través de la radio" del ataque contra el empresario vasco.
El hecho de que dieran esta información por primera vez en la vista oral y no la recordaran hasta pasados dos años del atentado y la detención de Castro, generó "dudas sobre su verosimilitud" e hizo pensar en la probabilidad de que "los testigos estén confundidos con respecto a las fechas o las horas" e incluso que Castro trabajase ese día algunas horas y también participase en los hechos.
La Audiencia Nacional encuadró el atentado contra el propietario de la empresa Altuna y Uria en la campaña de "intimidación y terror" que ETA llevaba a cabo contra la construcción en el País Vasco del tren de alta velocidad. Para llevar a cabo el asesinato del consejero delegado de una empresa adjudicataria de las obras, Santa Cruz prestó un vehículo marca Volvo 460 propiedad de su padre a un amigo de la infancia, sin tener conocimiento de que integraba el 'comando Ezuste' y de que el coche sería utilizado en actividades terroristas.
El 3 de diciembre de 2008, el comando se dirigió a bordo de ese turismo a un aparcamiento de Deba (Guipúzcoa), donde secuestraron al propietario de un vehículo Alfa Romeo, a quien maniataron y retuvieron durante varias horas a punta de pistola.
Manex Castro y otro miembro del comando custodiaron a este hombre en todo momento, mientras que al menos otros dos terroristas se desplazaron en el Alfa Romeo hasta Azpeitia, donde avistaron a Uria en el momento en que se introducía en su vehículo en las inmediaciones de su empresa.
A las 13.04 horas, uno de los etarras se acercó a la víctima y le descerrajó tres disparos a bocajarro que acabaron con su vida. Tras ello, los etarras regresaron a la localidad guipuzcoana de Deba donde permanecía Castro custodiando al propietario del vehículo robado, quien consiguió desatarse las piernas y quitarse las gafas que le impedían ver cuando los terroristas ya habían abandonado el lugar e incendiado su Alfa Romeo para no dejar huellas.
El tribunal condenó a Castro a pagar 8.000 euros al testigo protegido. El asesinato de Uria fue reivindicado en el diario Gara el 21 de enero de 2009.
