BILBAO, 11 Jul. (OTR/PRESS) -
Las reuniones del lehendakari, Juan José Ibarretexe, y los socialistas vascos Patxi López y Rodolfo Ares con representantes de la izquierda abertzale no tuvieron "entidad delictiva", ya que pretendieron precisamente acabar con la "acción delictiva" del entorno de ETA. Así concluye la Fiscal-jefe del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, María Ángeles Montes, en un escrito en que recuerda, también, que la apertura del juicio oral sólo puede realizarse por petición del Ministerio Público o acusación particular.
Los encuentros no tuvieron como objeto "favorecer la acción delictiva del complejo terrorista dirigido por ETA, sino todo lo contrario". La Fiscalía se basa en este argumento para pedir al juez instructor de la causa, Roberto Saiz, el sobreseimiento y archivo del caso, actualmente en procedimiento abreviado.
Recuerda que el delito de desobediencia es "eminentemente doloso, que requiere la conciencia y voluntad de no respetar, de desacatar la orden emanada de la autoridad competente". En este caso, no habría indicios de que así fuera en las reuniones mantenidas por los representantes del PNV y el PSE con Arnaldo Otegi, Juan José Petrikorena, Pernando Barrena, Rufi Etxebarria y Olatz Dañobeitia.
Para la fiscal, el lehendakari mantuvo el encuentro sin intención de "desafiar a nadie", sino con el ánimo de "tratar de hablar de paz y trabajar la paz". Por otro lado, López y Ares dialogaron en "momentos especialmente delicados, tanto para la sociedad vasca como para la sociedad española y con el firme propósito y voluntad de intentar la consecución de la paz", especialmente porque los interlocutores representan a una parte de la "sensibilidad política", según la fiscal.
DECISIONES ANTERIORES
Montes se refiere también al auto de la Audiencia Nacional en el que rechazó la petición para impedir la reunión entre los dirigentes socialistas y la izquierda abertzale. Esta decisión sirve a la fiscal para justificar la carencia de entidad delictiva.
El Tribunal Supremo también se manifestó en su momento a petición de Manos Limpias, que veía desobediencia en el Gobierno y los socialistas vascos. "Si aceptáramos y siguiéramos sus tesis, habríamos de llegar a la conclusión de que, tanto el presidente del Gobierno como los miembros del Consejo de Ministros habrían cometido igual delito de desobediencia por haber autorizado al PSE-EE la realización de la reunión".
El escrito pide "el archivo sin más trámites". Con esta contundencia se refiere también a la imposibilidad de que se celebre el juicio de momento. "En el procedimiento abreviado no puede abrirse juicio oral a instancias de la acusación popular", sino que es necesaria instancia del Ministerio Público o acusador particular.
