Una auditoría concluye que se infló el precio de obras en viviendas en torno al 15 %
BARCELONA, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalía de Barcelona pide hasta diez años de prisión para los siete imputados en el caso Adigsa --empresa pública de la Generalitat para promover vivienda social--, entre ellos excargos de la institución, por prevaricación, malversación de caudales públicos y falsificar documentos en 2003.
En el escrito de acusación recogido por Europa Press, el fiscal anticorrupción Emilio Sánchez-Ulled pide diez años de prisión para el entonces consejero delegado de Adigsa Josep Antoni Fontdevila y 9,5 años para el exdirector técnico Jordi Huguet y el exresponsable económico Xavier Sala.
También pide cinco años de cárcel para José María Penin, que tasaba y estudiaba la viabilidad económica de los proyectos para rehabilitar fincas y sobre el que, según el fiscal, "giraban" las actividades ilícitas, y para los tres empresarios imputados penas que van entre el año y medio y los cinco años.
Fontdevila impuso en Adigsa la presencia de Penin presentándolo como un 'técnico externo', y lo insertó arbitrariamente en el proceso de tasación, decisión y adjudicación a empresarios particulares de obras de rehabilitación de pisos de segunda mano, y este se encargó de elaborar "expedientes de adjudicación a medida" dilapidando fondos públicos en su beneficio y en el de los empresarios acusados, según el fiscal.
Fontdevila y Penin, así como el que era presidente de Adigsa y ahora diputado en el Parlament, Ferran Falcó, --sobre el que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) decretó el archivo provisional en esta causa-- "compartían militancia y actividades políticas en Convergència", recuerda el fiscal.
Entre las actividades presuntamente ilícitas, Fontdevila ordenó "caprichosa e injustamente" el pago a Penin de entre 3.000 y 4.000 euros mensuales por unas supuestas labores de tasación que nunca existieron, y se hizo presentando facturas falsas y de acuerdo con Sala, que era el encargado de emitir las autorizaciones de gasto; Penin recibió así 28.895 euros entre abril y octubre de 2003, afirma Fiscalía.
"Penin no contaba con conocimientos ni formación académica suficiente de ningún tipo que siquiera le permitiera realizar dicha tarea", sostiene el fiscal, que añade que Adigsa ya contaba con técnicos internos dedicados a estos trabajos y con formación.
Al mismo tiempo, Fontdevila lo facultó para buscar contratistas privados a quienes encargar las obras de rehabilitación en las viviendas de segunda mano con total libertad "para construir expedientes a medida en un circuito de contratación paralelo" al regular de Adigsa, con el conocimiento y la colaboración de Huguet, que se encargaba de estas tareas.
FRAUDE EN EL 'PLA JOVE'
Se trataba de viviendas que Adigsa compraba de segunda mano con la finalidad de destinarlas al alquiler con el objetivo de solucionar la oferta de viviendas y que se publicitó como un 'pla jove' para facilitar el alquiler de pisos por jóvenes.
Sin embargo, el fiscal sostiene que, de los 23 expedientes del 'pla jove', sólo en uno se respetó el procedimiento correcto mientras que en los otros 22 --relativos a 34 viviendas-- la tramitación de los expedientes de adjudicación de obras "fue intencionadamente orillada en favor de un sistema de contratación paralelo".
Penin se encargó de buscar a empresarios "dispuestos a beneficiarse conscientemente" de este sistema irregular, como fueron presuntamente los acusados Jose Antonio Salguero, Jordi Honrubia y Angel Egido y, los dos últimos, se encargaron además de buscar a otros empresarios cuando se vieron desbordados por el volumen de obra que manejaba Penin.
Básicamente, lo que hacían era hacer facturas con importes superiores al coste de las obras realizadas "con el que el adjudicatario se enriquecía en perjuicio del erario público", y luego se aceleraba el pago de forma extraordinaria en favor de los empresarios acusados.
En 2005, Adigsa encomendó a una empresa de tasación una auditoría técnica sobre las rehabilitaciones que se habían hecho supuestamente de forma irregular y concluyó que había "un sobrecoste medio de un 15,51 % con el consiguiente perjuicio para el patrimonio de la empresa pública".
Además de las penas de cárcel, la Fiscalía pide que entre todos los acusados paguen 120.031 euros --correspondientes al 15 % de las obras que se ha podido demostrar-- y, concretamente, a Penin y Fontdevila la indemnización a la sucesora de Adigsa de los 28.895 euros que presuntamente cobró el primero por trabajos inexistentes.
