MADRID, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalía del Tribunal Supremo se ha opuesto a admitir a trámite una demanda presentada ante la Sala Civil del Alto Tribunal por un preso de la cárcel salmantina de Topas, al que el Comité de Derechos Humanos de la ONU reconoció el derecho a la doble instancia judicial, contra el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, el ex ministro de Justicia Juan Fernando López Aguilar y el PSOE por incumplimiento de promesa escrita, ya que cuando estaban en la oposición, en diciembre de 2003, le enviaron una carta en la que se comprometían a garantizar la revisión de las condenas cuando estuvieran en el Gobierno.
En un informe remitido a la Sala Primera del Supremo, al que ha tenido acceso Europa Press, el fiscal considera que "no se advierte ninguna responsabilidad civil de los demandados" por el preso Joseph Semey. Subraya que el alto tribunal ha considerado "en numerosas ocasiones" que la casación reúne los requisitos de la doble instancia y apunta que tendría que decidir la Sala Segunda del Supremo por ser "un tema de revisión de una sentencia penal".
La Fiscalía explica que la doble instancia se reguló en la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), en la reforma de 2003, y actualmente se tramita en las Cortes un Proyecto de Ley que incorpora la doble instancia en la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LEC).
La demanda, que se presentó en junio de 2006, se dirige contra Zapatero "por infracciones a los deberes inherentes al cargo como presidente del Gobierno", ya que como secretario general del PSOE se comprometió, a través de la carta firmada por López Aguilar (entonces secretario de Libertades Públicas y Desarrollo Autonómico del PSOE), a ayudar a Semey y a respetar los dictámenes del Comité de Derechos Humanos de la ONU.
RESPONSABILIDADES CIVILES.
El abogado del preso, José Luis Mazón, pide en la demanda que se declare la responsabilidad civil de los demandados "por incumplimiento de obligación internacional derivada de tratado válidamente celebrado por España, y previamente asumida por escrito por los demandados". También solicita que se condene a Zapatero y a López Aguilar a indemnizar a Semey con 6.000 euros por cada mes transcurrido entre septiembre de 2005, cuando se le denegó el amparo, y el día en que sea excarcelado. Como opción subsidiaria solicita una indemnización de 60.000 euros.
El caso de Semey no es el primero de un preso español al que el Gobierno deniega el indulto, después de que la ONU reconozca su derecho a la revisión de su condena por otro tribunal, pero sí el único que dispone de una carta firmada por López Aguilar en la que se afirmaba: "Cuando estemos en el Gobierno de la Nación, legislaremos con el objetivo de garantizar la revisión de las condenas y el derecho a un recurso efectivo, adecuando así la legalidad española al derecho internacional vigente". Por ello, ha sido él quien ha interpuesto la demanda.
El preso esgrime que el indulto de la parte de la condena que le queda por cumplir era el "único remedio viable ante la falta de doble instancia del actor", reconocida el 30 de julio de 2003 por el Comité de Derechos Humanos de la ONU. Al serle denegado en septiembre de 2005, aunque no se le comunicó hasta el pasado 6 de mayo, Semey considera que Zapatero y López Aguilar incumplieron "el compromiso documentado" que adquirieron con la carta.
El abogado posteriormente amplió la demanda a nuevos hechos sobre la doble instancia relativos al proyecto de Ley de reforma de la LOPJ y la LEC. En concreto, el letrado critica en la ampliación de la demanda la ausencia en los mismos de "ninguna medida reparadora para quien como Semey había ganado un dictamen de condena por falta de respeto a este derecho humano internacional" recogido en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Para Mazón, los demandados "no sólo" han incurrido "en responsabilidad civil infractora de obligaciones por denegar el indulto, sino que también por la ausencia de toda previsión de medida reparadora en el proyecto de ley". Por ello, insiste en que han incumplido "tanto la obligación internacional como la promesa que por escrito le hicieron al preso Semey".
