En Cataluña, donde una ILP promueve prohibir los toros, basta la firma de un 0,8% de población frente al 1,4% exigido para toda España
MADRID, 27 Dic. (EUROPA PRESS) -
Un estudio de la Fundación Alternativas, cercana al PSOE, cree que sería "deseable" una reforma constitucional para facilitar la presentación de Iniciativas Legislativas Populares (ILP), una figura que a la que la propia Carta Magna impone importantes restricciones.
De hecho, la Constitución fija en 500.000 las firmas que debe recoger una ILP para poder ser presentada ante el Congreso de los Diputados y ello supone un 1,4 de los electores, un número "considerablemente superior" a lo exigido por las comunidades autónomas en sus estatutos de autonomía para promover leyes en las cámaras regionales.
Por ejemplo, en Cataluña, donde una ILP logró la semana pasada que se debata en el Parlament la prohibición de las corridas de toros en la comunidad, se requieren 50.000 firmas para promover una iniciativa de este tipo, un 0,8 de la población. Esta ILP recabó, no obstante, muchas más firmas, hasta 180.000.
Además, es la Constitución la que establece que no pueden presentarse ILP sobre cuestiones que tengan que ser reguladas por ley orgánica --derechos fundamentales y libertades públicas--. De esta forma, no es posible promover una iniciativa legislativa popular para cambiar la Ley Orgánica que regula estas iniciativas.
Y en tercer lugar, el estudio considera una contradicción que ciudadanos que no tienen formación judicial puedan juzgar delitos cuando forman parte de jurados populares pero no puedan participar en la elaboración de las leyes que regulan esos delitos.
No obstante, el estudio, elaborado por la investigadora Carmela Mallaina, admite que en este momento "es inútil" plantear una reforma constitucional "por el escaso interés que esta cuestión despierta en los legisladores" y, por eso, propone reformas menos ambiciosas, en la ley orgánica que regula las ILP y en el Reglamento de las Cámaras, para facilitar que se presenten más iniciativas de este tipo.
QUE LOS PROMOTORES PUEDAN DEFENDERLA EN EL CONGRESO
En concreto, plantea una reforma del Reglamento del Congreso para que una ILP pueda ser defendida ante la Comisión Parlamentaria que la tramite por un miembro de la plataforma que la promovió --obviamente sin derecho a voto-- y también para que los impulsores de una ILP puedan retirarla si consideran que su propuesta queda desvirtuada en el trámite de enmiendas.
Propone también suprimir la fase de toma en consideración y también la obligación de remitir la proposición de ley al Gobierno para que manifieste su criterio.
Por otro lado, cree que debería reformarse la ley orgánica de las ILP, aunque fue reformada recientemente (en 2006), para compensar los gastos en que incurran los promotores de la iniciativa antes de que se alcance la fase de tramitación parlamentaria. De hecho, el informe argumenta que la ILP se usa muy poco precisamente por los elevados costes que conlleva abrir una campaña de recogida de firmas.
Recomienda, por último, que la concesión de prórrogas para presentar las firmas se conceda siempre que se solicite y no quede a discreción de la Mesa del Congreso y, además, abrir la puerta a que las firmas puedan entregarse hasta siete días después de la finalización del plazo.
Por último, y al margen de las reformas legales, propone crear un "foro virtual" donde los ciudadanos puedan pronunciarse y enviar comentarios sobre las iniciativas legislativas que se estén debatiendo en cada momento, para mejorar la relación entre Parlamento y ciudadano.
