MADRID, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -
El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha citado para este miércoles por la tarde al jefe del equipo de investigación del supuesto chivatazo que impidió en 2006 desarrollar una operación contra el aparato de extorsión de ETA y a otros dos agentes del operativo, tal y como ayer le ordenó la Sección Segunda de la Sala de lo Penal, en un auto en el que le instaba a "agotar al máximo la investigación".
Garzón, que comenzará de esta forma a practicar las nuevas pruebas que habían solicitado Dignidad y Justicia (DyJ) y a la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), tomará declaración a partir de las 17.00 horas al responsable director de la investigación y autor principal del informe incriminatorio, Carlos G., y a dos funcionarios del Grupo VIII de la Brigada Provincial de la Investigación a los que la Sala identifica con los nombres de 'Unai' y 'Sugoi'.
Según informaron ayer fuentes jurídicas, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 ha notificado una providencia en la que pide al Cuerpo Nacional de Policía que aporte los datos de la cabina situada junto al bar Faisán de Irún (Guipúzcoa), donde se produjeron los hechos, si estaba intervenida y si consta alguna llamada del propietario del local, Joseba Elosúa.
Además, el magistrado solicita la transcripción de las llamadas de la cabina al objeto de conocer si Elosúa tuvo alguna conversación con el etarra José Antonio Cau, al que se considera enlace de la banda para el cobro del 'impuesto revolucionario'.
A la vista de estas pruebas, el juez cursará una comisión rogatoria a Francia para solicitar un análisis del tráfico de las llamadas que se produjeron los días 3, 4 y 5 de mayo de 2006, en los que estaba prevista la operación policial contra el aparato de extorsión de ETA, y pedirle copia de estas actuaciones.
En esta resolución el magistrado tiene previsto preguntar a las autoridades francesas si el motivo de la suspensión de la operación policial contra el aparato de extorsión de ETA estuvo motivado por una filtración policial a las personas que estaban siendo investigadas.
NUEVOS INTERROGATORIOS
En su auto del lunes, la Sala de lo Penal obligó a Garzón a interrogar a Carlos G., "habida cuenta de la naturaleza de los hechos y su especial singularidad". Según el tribunal, la posible filtración de la investigación sólo puede provenir de responsables de la misma", por lo que "la declaración de este funcionario lejos de ser inútil y perjudicial", como apuntó Garzón, "resulta necesaria con el fin de esclarecer los hechos lo más posible".
En relación con los otros dos funcionarios policiales, el tribunal entiende que deben ser interrogados por su relación con el operativo que se instaló en torno al bar Faisán. Según el auto, su declaración "no puede ser considerada innecesaria ni perjudicial", al entender que "la especialidad de los hechos investigados explica la necesidad de la misma".
Además, los magistrados también ordenaron al juez instructor que pida a la justicia francesa "toda la documentación relativa al análisis del tráfico de las llamadas de teléfono que se produjeron en la cabina telefónica desde la que llamó Joseba Elosúa y a las observaciones telefónicas que se realizaron" al etarra José Antonio Cau Aldanur tanto al teléfono fijo como al móvil.
A este respecto, el auto comparte el criterio de Garzón de que la detención de Elosúa "partió de la autoridad competente", aunque añade que "lo que no está aclarado es el motivo por el que se tomó esta decisión y si efectivamente la filtración tuvo algo que ver con aquélla". "Aunque tal diligencia pudiera no aportar luz al respecto, ni perjudica ni daña la investigación, es más, cuanto se aclare tal cuestión, mejor se podrá adoptar una decisión definitiva respecto del fondo de la cuestión", señala el auto.
DELITO CON UNA "GRAVEDAD SIN PRECEDENTES"
En el auto dictado el lunes, el tribunal estimaba que los hechos investigados podrían ser constitutivos de un delito de revelación de secreto y de colaboración con banda armada, por lo que, "de ser realizados por miembros de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, adquieren una gravedad sin precedentes en la lucha contra el terrorismo en España".
En este sentido, los magistrados Ángel Hurtado (presidente), Enrique López (ponente) y Julio de Diego destacaban que el soplo a ETA, que se habría producido el 4 de mayo de 2006, tiene "la gravedad suficiente como para exigir el máximo de celo investigador, transparencia y, sobre todo, agotar al máximo la investigación".
La Fiscalía de la Audiencia Nacional solicitó el pasado 5 de octubre el sobreseimiento provisional de la causa al considerar que no existen datos para determinar quiénes fueron los autores de la supuesta delación. En el procedimiento están imputados el ex director general de la Policía Víctor García Hidalgo, un responsable policial del País Vasco y un inspector de Vitoria.
NUEVA LÍNEA DE INVESTIGACIÓN
No obstante, los magistrados superiores a Garzón creen que el juez debería haber tenido en cuenta "una nueva línea de investigación", ya que el propio Elosúa señaló en su declaración que quien le llamó era la persona que "controla directamente a los cuatro o cinco policías que le hacen seguimientos", lo cual, según el tribunal, "descarta a todos los hasta ahora imputados y parece apuntar en otra dirección".
"Parece que el círculo de posibles autores, como ya se ha supuesto, está y debe estar dentro del grupo de funcionarios policiales que, por una u otra razón, bien directamente o indirectamente, tenían conocimiento de la operación que se iba a realizar", señala el auto de la Sala.
A su juicio, "la importancia de este dato no puede minusvalorarse" porque, el hecho de que la operación fuera conocidos por otras personas además de los imputados, conlleva que "habría que investigar en otro círculo de funcionarios". En esta línea, destaca que la naturaleza de estos hechos "aconseja un especial celo y diligencia en su investigación más allá de toda duda y un agotamiento más de lo normal o de lo usual".
