MADRID, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -
El magistrado del Tribunal Supremo Manuel Marchena, que instruye la causa abierta contra el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón por presunto cohecho y prevaricación relacionados con su gestión de unos cursos en la Universidad de Nueva York, interrogará este martes en calidad de testigo al ex presidente de Endesa y ex diputado del PP Manuel Pizarro en relación con la donación de 125.000 dólares que la entidad entregó para las jornadas en 2006.
En una providencia notificada el jueves por el alto tribunal se concreta que el ex responsable de Endesa debe comparecer este martes ante el instructor a las 10.30 horas. Dos horas más tarde está citada a declarar Montserrat Carrión Luengo, empleada de la eléctrica, destinataria de los correos electrónicos intercambiados con el Centro de Derecho y Seguridad de la Universidad de Nueva York para la formalización del contrato de patrocinio.
El miércoles, declararán ante el juez Marchena el presidente del BBVA, Francisco González, y el ex director de comunicación de esta entidad bancaria Javier Ayuso Canals. Las declaraciones ordenadas por el magistrado concluirán el jueves, con los interrogatorios dos responsables de Telefónica: José María Sanz-Magallón Rezusta (consejero delegado de Telefónica Internacional y responsable de la oficina de Telefónica en Estados Unidos) y Loreto Pérez del Puerto (directora de relaciones corporativas internacionales de la compañía).
Las citaciones obedecen a la diligencia ordenada el pasado 10 de junio por Marchena solicitando diversa documentación a Endesa, BBVA, Telefónica y Caixa Cataluña, tras conocer que todas ellas podrían haber patrocinado cursos organizados por Garzón en la Universidad de Nueva York entre 2005 y 2006.
En concreto, el juez solicitó certificación de las "cantidades abonadas por cualquier concepto, con indicación de su fecha e importe" al citado centro de Derecho y Seguridad".
El juez no ha citado finalmente a ningún responsable de Caixa Catalunya, entidad que le hizo llegar un documento en el que asegura que, "tras recabar de los departamentos de Contabilidad, Obra Social y Secretaría y Órganos de Gobierno" la información solicitada, puede asegurar que, "salvo error u omisión", no se abonó "ninguna cantidad" a la Universidad de Nueva York, al Centro Rey Juan Carlos I de España, el Centro de Derecho y Seguridad "o a cualquier otro centro o dependencia de la mencionada Universidad", entre el 1 de marzo de 2005 y el 30 de julio de 2007".
125.000 DÓLARES DE ENDESA
La acusación popular en esta causa --ejercida por los abogados José Luis Mazón y Antonio Panea-- solicitaron al magistrado que citara a declarar a Pizarro para que explique la ayuda de 125.000 dólares que la entidad prestó en 2006 al Centro de Derecho de la Universidad de Nueva York para la organización de estos encuentros académicos.
La petición se produjo después de que Endesa remitiera al alto tribunal diversa documentación que certifica que en abril de 2006 Endesa donó la citada cantidad tras recibir una carta de la directora del Centro de Derecho y Seguridad, Karen Greenberg, solicitando fondos para el patrocinio. La empresa llegó a pactar la donación de 500.000 dólares, si bien finalmente sólo entregó 125.000.
Según el escrito remitido al Supremo por la acusación, la comparecencia de Pizarro es necesaria "porque es imposible creer que una empresa estuviera dispuesta a donar 500.000 dólares a una Universidad extranjera sólo porque se lo pida una profesora en una carta".
MEMBRETE DE LA AUDIENCIA NACIONAL
Advertían además Mazón y Panea de que una de las misivas se entregó en un sobre con membrete oficial del Juzgado Central de Instrucción número 5, del que Garzón es titular, tal y como reconoce en uno de los documentos remitidos al Supremo el director general de Asesoría Jurídica de Endesa.
Los querellantes añaden que "500.000 dólares es una suma razonable para ganarse las simpatías del juez más famoso, en cuyo juzgado pueden recaer casos de una gran empresa, pero un disparate para financiar un seminario remoto sobre terrorismo donde de no figurar Garzón carecería de todo interés para la eléctrica cuyos patrocinios usuales nada tienen que ver" con temas de seguridad.
Los abogados Mazón y Panea, autores de la querella contra Garzón que tramita el Supremo, acusan al juez de haber recibido 302.000 euros del Santander para la organización de los cursos en Nueva York y después haber archivado, a su regreso a la Audiencia Nacional, una querella contra el presidente de esta entidad bancaria, Emilio Botín.
