La Generalitat deberá pagar 51.000 euros a una niña con parálisis en un brazo por usar fórceps en el parto

Actualizado: sábado, 23 septiembre 2006 14:11

BARCELONA, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha condenado al Servicio Catalán de la Salud (SCS) a indemnizar con 51.000 euros a una niña que nació con la parte superior del brazo izquierdo paralizada debido al uso de fórceps durante el parto, que tuvo lugar en el Hospital Santa Caterina de Girona.

La lesión sufrida por la menor, Patricia C.M., deriva de un parto complicado, ya que la pequeña pesaba más de 4 kilos y fue necesario utilizar fórceps para ayudar a la madre a dar a luz. Este instrumento, no obstante, dañó los nervios que daban sensibilidad y movimiento a los brazos de la niña, que nació con la parte superior del brazo izquierdo paralizada y tiene limitados todos los arcos de movimiento del hombro afectado en un 70%.

Tras el parto, el Hospital Santa Caterina emitió un informe en el que concluía que la aplicación del fórceps "no se practicó por un periodo prolongado" y se hizo "sin dificultad de liberación de los hombros", por lo que "resulta difícil explicar la aparición de una parálisis braquial del lado contrario al que en potencia podría sufrir lesiones en el caso de que hubiera existido una dificultad al extraer los hombros", según la sentencia del TSJC.

No obstante, para el Alto Tribunal catalán dichas conclusiones han sido "desvirtuadas" por el informe pericial practicado a instancia de los padres de la niña, que determina que la parálisis que sufre Patricia C.M. está relacionada con el parto y, "concretamente, con las maniobras efectuadas por el personal que lo atendió".

Por ello, teniendo en cuenta que la lesión de la pequeña fue provocada por un "defecto clínico-asistencial", el TSJC ha decidido condenar al SCS, dependiente de la Conselleria de Salud, a indemnizar a Patricia C.M. con 51.000 euros por los daños y perjuicios sufridos.

El fallo del TSJC fija que dicha cantidad económica se incremente con los intereses legales desde la reclamación administrativa, que los padres de la afectada interpusieron en 2002.