VALENCIA, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -
El conseller de Gobernación de la Generalitat valenciana, Serafín Castellano, aseguró hoy que el ejecutivo regional se personará ante el Tribunal Constitucional, tras la admisión a trámite del recurso de insconstitucionalidad presentado por el Gobierno sobre varios artículos de la Ley de Régimen Económico Matrimonial Valenciano, y anunció que defenderá "a ultranza, sin complejos y con firmeza nuestro autogobierno y nuestra competencia para conservar, modificar y desarrollar el Derecho Foral".
Así lo indicó en un comunicado ante la decisión del Tribunal Constitucional de admitir a trámite el recurso de insconstitucionalidad presentado por el Gobierno central contra esta normativa, la primera del nuevo Estatuto de Autonomía que desarrolla el derecho civil foral, que el Ejecutivo central considera que pretendía adoptar un modelo diferente del derecho civil que rige en el conjunto del país en cuestiones referidas a la regulación de la carta de nupcias, aspectos de la separación de bienes y la regulación de las donaciones matrimoniales, entre otros.
Castellano afirmó que la Generalitat se personará en el proceso en el plazo que establece el Tribunal Constitucional y subrayó que la Generalitat pide "oficialmente al Gobierno Socialista que desista de manera inmediata del recurso de inconstitucionalidad".
La decisión del TC produce la suspensión de la norma, una decisión que el alto tribunal deberá ratificar o levantar en un plazo no superior a cinco meses, dado que tiene por invocado el artículo 161.2 de la Constitución, que determina que la impugnación del Gobierno de las disposiciones adoptadas por los órganos de las comunidades autónomas, producirá su suspensión.
El Consejo de Ministros decidió el pasado 21 de diciembre promover un recurso de inconstitucionalidad referido a varios artículos de la Ley de Régimen Económico Matrimonial Valenciano de la Comunidad Valenciana, una decisión "respaldada por el dictamen favorable del Consejo de Estado, que mantiene que las instituciones reguladas en materia de régimen económico matrimonial carecen de antecedentes en el ámbito de la legislación autonómica civil de Valencia", según justificó entonces el Gobierno.
El Ejecutivo central y la Generalitat valenciana acordaron en junio de 2007 iniciar negociaciones para tratar de resolver las discrepancias jurídicas planteadas por el Gobierno en torno a 11 artículos de esta ley y alcanzar un acuerdo para evitar la presentación de un recurso ante el Tribunal Constitucional por parte de la Administración del Estado, que finalmente decidió recurrir la norma.
Según indicó el pasado mes de diciembre el Ejecutivo central, "aunque la Comunitat Valenciana sostiene que el nuevo Estatuto de Autonomía le reconoce competencia para recuperar los Fueros abolidos en 1707, el Gobierno mantiene que esta potestad debe ejercerse necesariamente, como expresamente declara el Estatuto, al amparo de la Constitución Española".
Añade que el ejercicio de la competencia autonómica requiere, por virtud del artículo 149.1.8ª de la Constitución Española, que el derecho que "vaya a ser objeto de conservación, desarrollo y modificación tenga una necesaria vigencia, sin que pueda ampliarse ilimitadamente a cualquier materia objeto de una regulación pretérita".
