MADRID, 9 Feb. (OTR/PRESS) -
La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, y el ministro saliente de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, cerraron filas hoy en torno al nuevo fichaje del Ejecutivo Zapatero, Mariano Fernández Bermejo, blindándole ante "la batería de insultos" recibida y que constituyen "la prueba del nueve de que en este país quien crispa, confronta y hace ruido es el PP". Por su parte, el secretario de Justicia del PP, Ignacio Astarloa, insistió en que el nombramiento "entierra" cualquier acuerdo con el Gobierno en torno al Pacto Antiterrorista, la Ley de Partidos y la renovación del Consejo General del Poder Judicial.
La rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros sirvió para que la vicepresidenta desplegara todo un elenco de elogios hacia López Aguilar, de quien se despidió emotivamente ante los medios. Pero también para cerrar filas en torno a Bermejo, un fiscal "con prestigio, rigor y capacidad". "Le conozco desde hace más de 25 años y es un demócrata, un defensor de las libertades públicas, la independencia judicial y la ley", resaltó De la Vega, que añadió que "espero que no sean esas cualidades las que preocupan al PP, que desde ayer, antes de que sea nombrado ministro no hace otra cosa que insultar".
"Quiero pensar que la batería de insultos lanzados contra él no guarda relación con esas cualidades que son objetivas", insistió, que consideró que las declaraciones de ayer de varios dirigentes populares son "la prueba del nueve de que en este país quien crispa, confronta y tiene gusto por ello es el PP". También López Aguilar subrayó lo "revelador" de las "descalificaciones preventivas de grueso calibre" lanzadas por el PP, y las consideró una "muestra de mal estilo sin precedentes en la historia de la democracia".
A juicio del ministro los insultos manifiestan que "algunos" creen que la Justicia es "predio de su propiedad". En cuanto al hecho de que, al hilo de este nombramiento, el PP haya dado por prácticamente imposible la renovación del CGPJ y lo condicione a una nueva reforma de la Ley del Poder Judicial para volver al requisito de la mayoría simple, De la Vega resaltó que "la ley se modificó en la pasada legislatura por iniciativa del PP y con nuestro apoyo en lo que se refiere a la composición y renovación del CGPJ".
Precisamente por ello, mostró su sorpresa por lo "incomprensible" de las exigencias del PP y afirmó que "lo democrático y lo constitucional sería proceder a esa renovación". Más duro fue López Aguilar que señaló que "nadie puede arrogarse la obstaculización de la renovación que la Constitución quiere para el Consejo cada cinco años. "Alguien piensa que el CGPJ es de su propiedad o le pertenece, que sirve a sus intereses y que no merece la pena por tanto cumplir la Constitución, este no es un comportamiento digno de quien dice honrar y debe honrar la bandera de España", remachó.
LOS ACUERDOS, ENTERRADOS
Por su parte, el secretario de Justicia, Libertades Públicas y Seguridad del PP, Ignacio Astarloa, insistió en las demoledoras críticas que sus correligionarios vertieron ayer sobre Fernández Bermejo y auguró "las peores expectativas para la renovación del CGPJ". "Viene a echar un pulso, pues mensaje recibido. Veremos cómo lo echa", retó Astarloa, que reiteró que "no puede existir peor decisión de un presidente del Gobierno que nombrar a un ministro de Justicia que sea apto para echar un pulso a los jueces. Es muy revelador de hacia dónde quiere ir".
Según Astarloa, las declaraciones de Bermejo son "las más alejadas polsibles" tanto del espíritu como de la letra del Pacto Antiterrorista, firmado por socialistas y populares en la anterior legislatura. "Desde el Gobierno se dice, con la boca absolutamente pequeña, que están dispuestos a trabajar en el seno del Pacto. Es un hecho incontestable que se nombra ministro a una persona que ha descalificado el Pacto y lo que significa", afirmó, considerando que el nuevo ministro es quien "peor" ha entendido la Ley de Partidos y señaló que su nombramiento "entierra" cualquier posibilidad de acuerdo.
Sacó a colación, asimismo, que se pronunció en contra de la ilegalización del Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV) cuando era el responsable de la Fiscalía en el Tribunal Supremo y, por tanto, el encargado de impugnar candidaturas con las que Batasuna pudiera intentar cometer fraude de ley. Así, recordó que en mayo se celebran elecciones municipales y que, para entonces, Fernández Bermúdez será quien tenga que dirigir a la Abogacía del Estado y a la Fiscalía General para evitar que Batasuna pueda presentarse saltándose, de una u otra forma, su ilegalización.
