14 de octubre de 2019
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  • 12 de marzo de 2008

    El Gobierno, convencido de que Severo Moto abusó de su condición de asilado, acata y respeta la decisión del Supremo

    MADRID, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

    El Gobierno revocó la condición de asilado político del dirigente opositor ecuatoguineano Severo Moto en enero de 2006 porque estaba "convencido" de que había abusado de este reconocimiento, informó hoy a Europa Press un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, que señaló que el Ejecutivo "acata y respeta" la decisión del Tribunal Supremo, cuya Sala de lo Contencioso-Administrativo anuló hoy ese acuerdo del Consejo de Ministros.

    No obstante, el portavoz precisó que el Gobierno está a la espera de conocer la sentencia, dado que hasta la fecha únicamente se ha dado a conocer el fallo. La sentencia saldrá en los próximos días, según fuentes del Alto Tribunal.

    Severo Moto disfruta del estatus de asilado político desde el 13 de marzo de 1986. El 10 de enero de 2006 esta condición le fue revocada por el Gobierno, si bien dicha revocación estaba en suspenso en espera de conocerse la decisión del Supremo. El Consejo de Ministros se ratificó en su decisión el 17 de marzo de 2006 al rechazar recurso de reposición formulado por el recurrente.

    La decisión del Supremo se produce después de que en julio de 2006 los integrantes de la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo acordaran la suspensión cautelar de la medida adoptada por el Gobierno español hasta no resolver el recurso planteado por Moto, tal y como solicitó su defensa.

    ARGUMENTOS CONTRAPUESTOS

    El Supremo celebró una vista el 19 de julio de 2006 en la que la Abogacía del Estado, en nombre del Ejecutivo español, y la representación de la República de Guinea Ecuatorial coincidieron en pedir al tribunal que levantara la suspensión cautelar, mientras que la defensa de Moto pidió que se mantuviera para evitar su expulsión a Guinea, que supondría, en su opinión, su pena de muerte.

    Durante la vista, el abogado del Estado recordó que el Consejo de Ministros decidió revocar la concesión de asilo de la que Moto disfrutaba desde marzo de 1986, al entender que había incumplido las obligaciones que dicho estatus conlleva, por haber contribuido a la preparación de un golpe contra el régimen guineano, con lo que había puesto "en grave peligro los intereses generales de España".

    Como prueba de las intenciones golpistas de Moto, el abogado del Estado ofreció dos informes, uno de la Comisaría General de Información y otro del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) en los que consta que Moto realizó "actos fundamentales" para reclutar mercenarios y comprar armas con las que intentar derrocar el régimen de Teodoro Obiang. Además, insistió en que aunque se confirme la pérdida del estatus, ello no implica que Moto sea expulsado a Guinea, sino que lo sería a un tercer país.

    La representación de Guinea Ecuatorial, tras recordar que en febrero de 2006 pidió a España la extradición del líder opositor, utilizó un argumento similar al afirmar que "no es matemática la revocación del asilo y la expulsión", porque lo único que significa el primer concepto es que pierde los beneficios que conlleva el estatus.

    "RIESGO DE MUERTE"

    Por su parte, el abogado de Moto, Francisco Fernández Goberna, insistió en que la retirada de la suspensión supone la pérdida de la condición de asilado y ello implica el riesgo que corre de ser asesinado, como, según él, se intentó hacer recientemente en Alcorcón (Madrid) con dos de sus colaboradores.

    Fernández Goberna negó que Moto hubiera querido preparar un golpe de Estado contra Guinea y mencionó una conversación entre un diplomático estadounidense y el opositor ecuatoguineano, en la que le anunció que si es expulsado a Guinea sería asesinado. Además, recordó que durante un viaje a Croacia, Moto fue advertido por los servicios secretos de aquel país que los de España iban a matarle.