MADRID, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno ha denegado al PP el informe sobre el ex minero José Emilio Suárez Trashorras, uno de los acusados en el juicio por los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid, alegando que el mismo únicamente se desclasificó para que pudiera ser utilizado por la Sala Segunda de lo Penal de la Audiencia Nacional, encargada de juzgar este caso.
Así lo explica el Ejecutivo en la respuesta que ha remitido a la diputada del PP, Alicia Castro, que actuó como representante de su grupo en la comisión de investigación creada en el Congreso para aclarar distintos aspectos de la masacre del 11-M.
Después de que el Gobierno autorizase la desclasificación del citado informe el pasado 2 de marzo, la parlamentaria del PP reclamó tener acceso al mismo, pero ahora el Ejecutivo le ha contestado que no puede remitírselo.
En su contestación, a la que tuvo acceso Europa Press, el Gobierno explica que en el acuerdo para la desclasificación adoptado por el Consejo de Ministerio se hizo constar que ésta se realizaba "a los únicos y exclusivos efectos de prueba interesados" en la exposición motivada que elevó el presidente de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Javier Gómez Bermúdez.
Por este motivo, según señala el Gobierno, se solicitó al juez que acordase "el máximo grado de protección y reserva procesal" en relación con este documento.
El informe que reclamaba Castro se refiere a una información aportada en su día, como confidente, por Suárez Trashorras, para quien se solicitan 38.670 años de prisión como cooperador necesario en la masacre del 11-M por presuntamente haber facilitado los explosivos a los terroristas.
MÁS DE DOS AÑOS PARA RESPONDER
Por otra parte, el Ejecutivo ha dado respuesta ahora a las preguntas que le planteó en mayo de 2005 el diputado Jordi Jané, uno de los representantes de CiU en la comisión de investigación sobre los atentados, sobre la detención por parte de la Guardia Civil del coche en el que Jamal Ahmidan, 'El Chino', otro de los acusados, trasladaba a Madrid el explosivo que se usó después en los trenes.
Jané registró un paquete de once preguntas sobre este asunto y, dos años y cuatro meses después, el Gobierno se limita a remitirle a "las conclusiones derivadas de la vista oral del juicio" sobre la masacre sin contestarle a ninguna de ellas.
