MADRID, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -
La secretaria de Estado de Cooperación Territorial, Ana Leyva, destacó hoy que el Ejecutivo lleva a cabo desde antes del escándalo urbanístico en Marbella una acción de Gobierno "transversal" y "coordinada" con otros ministerios en materia inmobiliaria y territorial para la mejora del modelo urbanístico en España. Además, avanzó que el Gobierno prevé que la Ley de Administración Local, que incluirá importantes medidas urbanísticas, esté aprobada antes de las elecciones municipales.
En respuesta a una pregunta del portavoz 'popular' de la Comisión de Administraciones Públicas del Congreso, Julio Padilla, Leyva detalló los proyectos puestos en marcha por cada uno de los ministerios implicados para garantizar el desarrollo de dicho modelo.
Así, recordó que en materia jurídica, el Gobierno aprobó el pasado 24 de marzo en Consejo de Ministros, antes de la disolución del Ayuntamiento marbellí --que tuvo lugar el pasado 7 de abril--, la creación de un fiscal especial de sala que se encargaría de coordinar a las distintas fiscalías en la lucha contra los delitos de la ordenación del territorio y la protección del medio ambiente.
Además, continuó, en materia de política fiscal, el Ejecutivo ha puesto en marcha un plan de prevención del fraude que contempla medidas específicas para el sector inmobiliario y de la vivienda. Entre estas medidas, Leyva destacó la tomada en la campaña del IRPF del año pasado, donde se incrementó un 8,6 por ciento el número de declarantes de alquileres al incluirse la referencia catastral de la vivienda en la declaración de la renta.
RECUPERACIÓN DE 800 KM DE COSTA
Por su parte, citó Leyva, el Ministerio de Medio Ambiente va a invertir para adquirir terrenos en el litoral con objeto de proteger la costa mediante la incorporación al dominio publico marítimo-terrestre de nuevos espacios que no pueden ser incluidos por otra protección en este momento a nivel administrativo.
Esta medida concreta, recalcó, forma parte el Plan Director para la Sostenibilidad de las Costas Españolas, que impulsará la protección del litoral y su recuperación para el dominio público. Como dato, la secretaria de Estado destacó que el citado ministerio ha recuperado ya cerca de 800 kilómetros de costa.
Del mismo modo, Leyva recordó que el Ministerio de la Vivienda continúa impulsando su actividad del suelo industrial, junto a la cual ha puesto en marcha una línea de actuación del suelo residencial, en la que ya dispone de 6 millones de metros cuadrados sobre los que se edificarán más de 20.000 viviendas protegidas.
COMBATE AL TRANSFUGISMO
Asimismo, la secretaria de Estado de Cooperación Territorial valoró positivamente la reciente modificación del Código Penal en materia inmobiliaria, las medidas para combatir el fenómeno del transfugismo "que tan frecuentemente está vinculado a intereses urbanísticos públicos" y el proyecto de la Ley de Suelo aprobado en Consejo de Ministros el pasado junio, dirigido a combatir la especulación con el suelo y a favorecer mercados de suelo "más eficientes y menos inflacionarios".
Durante su comparecencia, Leyva avanzó que espera que el Anteproyecto de la nueva Ley de Administración Local sea aprobado en Consejo de Ministros a lo largo de este otoño para que pueda ser debatida en el actual periodo parlamentario y esté listo para las próximas elecciones.
Al respecto, destacó que dicho anteproyecto contendrá medidas relevantes que inciden sobre el urbanismo. Entre ellas destacó la obligación de que alcaldes y concejales inscriban en un registro administrativo, antes de acceder al cargo, una declaración de bienes patrimoniales y otra de actividades privadas que puede ser incompatibles con el cargo.
Además, añadió Leyva, introducirá la exigencia de que todas las licencias, convenios y contratos de larga duración, incluidos las contratos de servicios, se sometan a debate en los plenos municipales.
Asimismo, dicha normativa establecerá, entre otras medidas, una mayor trasparencia y participación ciudadana en los procesos de ordenación y gestión del suelo, obligará a informar a la ciudadanía de los planes y otros instrumentos de ordenación urbanística, incluidos los convenios urbanísticos, al tiempo que establecerá una tasación de precio de suelo basado en criterios objetivos, no especulativos.
