SAN SEBASTIAN, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -
El departamento de Vivienda y Asuntos Sociales del Gobierno vasco ha expropiado una VPO en San Sebastián al comprobar, tras realizar las pertinentes inspecciones, que la vivienda no había sido ocupada desde hace más de un año, según informó hoy en un comunicado.
Tras la actuación inspectora realizada y hechas las comprobaciones oportunas de consumos en la vivienda en los dos últimos años, el Departamento de Vivienda consideró que se dan las pruebas suficientes que demuestran que la VPO -sita en la C/Basotxiki-32, 3º derecha- no está siendo utilizada como residencia habitual por la persona titular desde hace más de un año, por lo que el Gobierno vasco "procederá a la aplicación de la institución de la expropiación forzosa".
Según lo establecido en el artículo 176 y la Disposición Adicional Cuarta de la Ley del Suelo 2/2006, "existirá causa de interés social que legitima la expropiación forzosa de viviendas sometidas a algún régimen de protección pública cuando sin causa justificada, conforme a lo dispuesto en la normativa protectora, permanezcan sin uso residencial por más de un año ininterrumpido".
El servicio de inspección para el buen uso de la vivienda protegida se puso en marcha en el año 2005. El citado servicio ejerce una actuación "sistemática y de oficio" para garantizar que las viviendas están siendo utilizadas por las personas autorizadas para hacerlo -que no se alquilan, ni se venden irregularmente- y, por otro lado, que no permanecen vacías.
El objetivo es revisar, para el año 2009, todo el parque protegido existente en la Comunidad Autónoma Vasca, consistente en algo más de 50.000 viviendas calificadas como protegidas. Como consecuencia de estas investigaciones, se han expropiado dos viviendas, se han recuperado 37 y se han impuesto 262 sanciones efectivas, por valor de 586.356 euros.
Las inspecciones consisten en visitas a las viviendas realizadas por personas especialmente cualificadas para este tipo de actuaciones, entrevistas 'in situ', consultas al registro de VPO, al registro de la propiedad, al catastro, o solicitudes de información sobre consumos.
El Departamento de Vivienda estima que el nivel de fraude en el uso de las viviendas protegidas se sitúa en el entorno del 9%, siendo las tipologías de uso inadecuado más frecuentes la no ocupación, el alquiler no autorizado o la compraventa no autorizada.
