MADRID, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -
El estudiante Quim Franquesa, a quien contactó el exGovern de la Generalitat para la elaboración de un sistema de votación para el 1 de octubre basado en pago con la criptomoneda 'ethereum', manifestó el pasado sábado ante el juez de Instructor número 13 de Barcelona que tanto su socio el empresario y desarrollador informático Vicent Nos Ripollés como él se interesaron por si la realización de su proyecto sería legal. Se les respondió afirmativamente de acuerdo con la legislación autonómica, ya que ello vendría contemplado en la Ley de Referédum.
Las declaraciones de Franquesa y su socio, a las que ha tenido acceso Europa Press, coinciden en confirmar que la Generalitat de Cataluña estudió un proyecto de 500.000 euros para pagar el sistema de votación en el extrangero para el referéndum del 1-O. Las dudas sobre la legalidad del proyecto salieron a colación durante una reunión celebrada a mediados del pasado mes de agosto en el Palacio de Pedralbes y a la que acudieron el propio presidente entonces de la Generalitat Carles Puigdemont, el vicepresidente Oriol Junqueras y la diputada del Junts per Sí en el Parlament de Cataluña Marta Rovira, entre otros dirigentes independentistas.
El proyecto no llegó a materializarse, según este testigo, porque tras conocerse las resoluciones de la justicia vieron "que la cosa se estaba liando y que el (Tribunal) Constitucional lo iba a suspender", por lo que se echaron para atrás y nunca llegaron a presentar proyecto alguno ni a cobrar por ello.
Franquesa fue contactado por el militante de ERC Xabier Vendrell, después de que el estudiante pasara por diferentes ayuntamientos ofreciendo su aplicación informática para realización de voto electrónico, según explicó el pasado sábado durante su declaración como testigo.
"Fui a ver un montón de ayuntamientos y no se como se enteraron, pero me llamaron -indicó a preguntas del propio magistrado-. Me dijeron si podíamos desarrollar una aplicación de voto electrónico y dijimos que como es la misma tecnología la podíamos desarrollar para hacer cualquier tipo de aplicación".
A preguntas de la representante de la Abogacía del Estado el estudiante apuntó que en ningún momento les dijeron que iban a ser pagados por la Generalitat, porque además habría que hacer un concurso público para el que no daría tiempo. "Quién nos iba a pagar, pues no lo sé", apuntó, para insistir que menos de un mes después y al ver la situación su socio y él desistieron del proyecto.
