MADRID, 27 Dic. (EUROPA PRESS) -
La Guardia Civil realizará, por orden del juez Santiago Torres nuevos registros y detenciones en los próximos días, tras detener hoy a cinco funcionarios y volver a revisar seis sedes municipales en el marco de la Operación Guateque, según informaron a Europa Press fuentes de la investigación.
En la fase desarrollada hoy, que alcanzó nuevamente a las Concejalías de Medio Ambiente y Urbanismo, la Benemérita tenía orden de detención contra otras dos personas, pero una de ellas se encontraba fuera de Madrid y la otra gravemente enferma.
Hasta el momento, las investigaciones de la presunta trama de cobros por la tramitación de licencias de obras y apertura en el Ayuntamiento de Madrid mantiene además encarceladas a cinco personas y seis están en libertad bajo fianza --entre ellas Carmen Eulalia Ibáñez--, de un total de casi 30 imputados.
Según informaron a Europa Press fuentes de la Benemérita, los arrestos de hoy se llevaron a cabo entre las 9 horas y hasta las 16.00 horas.
Las diligencias del Juzgado número 32 de Madrid se incrementan así de forma trascendental, tras los registros llevados a cabo desde el pasado día 14 de noviembre, cuando salió a la luz esta invesgación que ya llevaba abierta desde abril pasado.
Mientras tanto, y a la espera de recibir respuesta a su solicitud de personación en el caso, la Federación de Asociaciones de Vecinos de Madrid(FRAVM) continúa recopilando denuncias ciudadanas sobre casos de corrupción en relación a las licencias, que suman ya catorce.
Por su parte, Santiago Torres ha comenzado esta semana una nueva ronda de interrogatorios entre los detenidos, comenzando por el jefe de la División de Impacto y Análisis Ambiental del Consistorio, Victoriano Ceballos, supuesto cerebro de la trama de corrupción y uno de los imputados que cumplen prisión provisional por delitos de prevaricación, cohecho y tráfico de influencias.
La investigación del magistrado, que permanece bajo secreto sumarial, se ha centrado por ahora en las personas citadas en las conversaciones telefónicas interceptadas por la Guardia Civil. En los meses previos a que el caso saliera a la luz, varios de los empleados públicos investigados tuvieron sus teléfonos pinchados por orden del juez. Ceballos era una de las personas objeto de las escuchas.
Hasta ahora, el juez ha interrogado a más de una veintena de imputados, aunque quedan otros tantos. La marcha de las pesquisas se vio hace unas semanas obstaculizada por la huelga de funcionarios de la Administración de Justicia, que mantuvo paralizada la actividad de la Justicia.
