MADRID, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -
El secretario general del PP y consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados, opinó hoy que la no renuncia del ex consejero Alberto López Viejo, de Alfonso Bosh y de Benjamín Martín Vasco, imputados en el caso Gürtel, a su acta de diputado forma parte de su "estrategia de defensa" para no perder el derecho a aforamiento en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).
En una entrevista en la Cope recogida por Europa Press, el secretario general de los 'populares' madrileños consideró que la expulsión de los tres diputados del Grupo Popular de la Asamblea de Madrid, anunciada ayer por la presidenta Esperanza Aguirre, se hizo al entender que era "lo mejor para todos", tanto para el PP como para los propios imputados.
"La presidenta tomó la decisión de que fueran apartados del Grupo y ellos estuvieron de acuerdo, aunque como es lógico ha sido costoso tomar esta decisión con compañeros de partido, para la presidenta no ha sido fácil, pero hay que tomar las medidas en su momento", continuó Granados, añadiendo que los implicados "se han negado a entregar el acta de diputado como es su derecho", posición ante la que el PP "no puede hacer nada", y justificó esta decisión en que forma parte de su "estrategia de defensa, porque perderían el aforamiento" en el TSJM.
Asimismo, Granados subrayó que el PP madrileño "ya tomó unas primeras medidas cuando se produjo la imputación de determinadas personas", cuando "tres alcaldes y el entonces consejero de Deportes, (Alberto López Viejo), dimitieron, y hubo una serie de bajas cautelares en la militancia del partido".
"La presidenta siempre dijo que cuando se levantara el secreto de sumario se tomarían las medidas oportunas. Ahora se ha levantado y evidentemente, sin ninguna duda, seguimos creyendo que la presunción de inocencia hay que mantenerla hasta el final, pero desde el punto de vista político creemos que era el momento de tomar decisiones y de pedir el acta a estos tres diputados", apostilló el consejero.
MADRID VS. VALENCIA
El caso Gürtel salpica asimismo a la Comunitat Valenciana, también en manos del Partido Popular. Preguntado sobre si Aguirre está presionando al presidente valenciano, Francisco Camps, para que tome medidas en la misma línea que los 'populares' madrileños, Granados aseguró que "no" es así.
"La presidenta cree que se tienen que tomar decisiones rápido, que hay que exigir responsabilidades políticas en el momento en que esas informaciones aparecieron, aunque seguimos creyendo en la inocencia de esas personas. La mayoría de las cosas que aparecen en el sumario son conversaciones de presuntos delincuentes grabadas en un bar, en las que se fanfarronea constantemente sobre operaciones que habrá que constatar si se han producido o no", explicó el titular de Justicia e Interior en la Comunidad de Madrid.
Así, afirmó que cree en el compromiso del presidente del PP, Mariano Rajoy, de que "se tomarán medidas", aunque recordó que "cada región tiene sus condicionantes" que, en el caso de Valencia, tampoco suponen que se pueda imputar "nada delictivo" a nadie, ni siquiera al secretario general del PP valenciano, Ricardo Costa, "la persona que está más en el punto de mira". "Tendrá que ser el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, el que decida", zanjó.
En cualquier caso, reconoció que "evidentemente hay una responsabilidad política" y que el PP tiene "la obligación de tomar medidas" ante "informaciones que, sin duda alguna, están haciendo daño" al partido pese a que "de momento no se ha sustanciado ningún tipo de responsabilidad penal".
A renglón seguido, insistió en lo dicho ayer por Aguirre en el Pleno de la Asamblea de Madrid al afirmar que "todos los contratos (con las empresas de la trama Gürtel) en la Comunidad de Madrid son perfectamente legales, como ha quedado acreditado", aunque reconoció que "las cuestiones estéticas sí son importantes", por lo que es necesario que los ciudadanos "tengan la completa seguridad de que cuando alguien hace algo mal o así se presume se toman las decisiones de manera rápida".
Finalmente, valoró que los españoles están percibiendo que esta cuestión se 'pilota' "con firmeza y con decisión" en la Comunidad de Madrid.
