El informe, de enero pasado, señala que la trama recibió una comisión de 957.000 euros por la visita del Papa en 2006
MADRID, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -
Un informe de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía (UDEF), con fecha del pasado 20 de enero, vincula la trama liderada por Francisco Correa con la "facturación y financiación irregular" de los actos del Partido Popular de la Comunidad Valenciana entre los años 2005 y 2008.
Además, se pone de manifiesto "un conjunto de actuaciones desarrolladas desde el año 1999" por la organización de Francisco Correa en la forma de financiación de los actos del PP "que definen una persistencia en el tiempo".
Parte de estas conclusiones ya figuraban en un documento anterior, realizado por esta unidad policial en julio de 2009, donde se apuntaba a la participación de determinadas personas "sometidas a una jurisdicción especial por razón de su cargo".
Se recuerda que en la página 17 de dicho informe se recoge la transcripción de una conversación telefónica en la que se dice "está previsto que presentéis al de las galletas la factura igual que la otra", lo que según la Policía "sin duda está aludiendo a alguno de los empresarios que financiaba a través de facturación falsa al PPCV".
Añaden que el apelativo "el de las galletas" corresponde a uno de los empresarios financiadores de los actos, en concreto Enrique Tomás Ortiz Selfa, administrador de la sociedad Enrique Ortiz e Hijos contratistas de Obras SA.
Se detalla también que la organización de Correa habría desplegado su actividad mediante la contratación de actividades para las Administraciones Públicas a través de un conjunto de contratos públicos en sus diversas modalidades, así como de actos para el Partido Popular principalmente a través de Special Events SL y de Orange Market SL.
"Estos contratos adolecen de un conjunto de irregularidades puestos de manifiesto en los informes realizados tanto por esta Unidad como por la Intervención de la Administración del estado en auxilio judicial en el procedimiento", añade la UDEF.
Concluye también la Policía que "no nos encontramos ante hechos aislados realizados por personas dependientes entre sí, sino con una concatenación de actuaciones realizadas por las mismas personas que despliegan su forma de actuar con la misma formación política con el fin de prestar un servicio a ésta para ocultar la forma de financiación de los actos realizados".
QUEDÓ FUERA DEL SECRETO
El informe aludido de julio de 2009, denominado como "Orange Market SL:sistema de facturación y financiación de los actos del Partido Popular de la Comunidad Valenciana", fue remitido tanto al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) como al Tribunal Superior Valenciano (TSJCM), si bien este último lo rechazó al entender que no guardaba relación con los hechos investigados por este órgano, que se limitaban a lo relacionado con los trajes de Francisco Camps.
Como el documento se originó en unas diligencias acordadas por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, que es quien en primer término asumió este caso, y esta parte ya no estaba secreta, se dio traslado del mismo a las partes antes de que el TSJM lo incluyera en sus investigaciones "con el quebranto a juicio de los investigadores que supone tal situación".
VISITA DEL PAPA.
En la comunicación realizada al juez instructor en enero pasado también se alude al contrato de suministro e instalación de equipamientos de sonorización con motivo del V Encuentro Mundial de las Familias en Valencia en 2006, al que acudió el Papa.
La Fundación que gestionó los actos estaba integrada por la Generalitat Valenciana, el Ayuntamiento de Valencia, la Diputación de Valencia y el Arzobispado de dicha ciudad, que concedió la distribución de la señal institucional a la Radiotelevisión valenciana, y la exclusiva de los equipos de sonorización del evento a la empresa TECONSA, que como no tenía los medios para prestar el servicio, lo subcontrató a una sociedad de ingeniería alemana y a otras dos españolas.
La organización de Correa recibió, al menos, la cantidad de 957.300 euros en concepto de comisión por su intermediación en las adjudicaciones.
El informe concluye que a Correa también se le imputa la adjudicación irregular de las Ferias de Turismo en las que participa la Comunidad Valenciana, y recuerda que el documento de julio recoge datos de la adjudicación de FITUR para el año 2009.
