MOLINS DE REI (BARCELONA), 2 Feb. (EUROPA PRESS) -
El candidato de ICV-EUiA a las elecciones generales del 9 de marzo, Joan Herrera, reclamó hoy al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que transfiera la gestión de Cercanías de Renfe a la Generalitat de Catalunya "antes del inicio de la campaña electoral".
Durante una visita a la feria de la Candelera en Molins de Rei (Barcelona), Herrera afirmó que para que el compromiso de los socialistas en la red de Cercanías tenga "credibilidad" deberían aprobar "la transferencia de Cercanías con los recursos y las condiciones adecuadas", lo que no ha sido posible "porque Zapatero no ha querido". El candidato de ICV-EUiA acusó a los socialistas de "centrarse en la lógica de la subasta con muy poca credibilidad".
Añadió que su formación defenderá un "cambio de prioridades" para que el tren convencional pase por delante de la alta velocidad. "Este cambio no es posible con un Ministerio de Fomento encabezado por Magdalena Álvarez, por lo que será fundamental su salida del ministerio para que haya un nuevo equipo que aborde el reto de las Cercanías con credibilidad".
Herrera también defendió el plan de ICV-EUiA para la inversión de 7.000 millones de euros en Cercanías "lo mismo que costó la línea del AVE entre Madrid y Barcelona". Con este plan, Catalunya contaría con 16 líneas que conectarían en tren "todas las ciudades de más de 30.000 habitantes y todas las comarcas con más de 50.000".
Por otro lado, Herrera también se refirió a la respuesta de los obispos catalanes al comunicado de la Conferencia Episcopal Española sobre las próximas elecciones generales. El candidato ecosocialista calificó de "inaceptable" la postura de los obispos catalanes "que en catalán y quizás con un poco más de moderación acaban defendiendo lo que hacen los obispos españoles".
También reclamó a las fuerzas políticas "claridad" en las relaciones con la jerarquía eclesiástica. Según el candidato de ICV-EUiA, "no basta con que Zapatero amenace con rehacer las relaciones Iglesia-Estado; lo que tiene que hacer es cumplir la Constitución, lo que quiere decir que el Estado es aconfesional, y denunciar los acuerdos con la Santa Sede, acabando con los privilegios económicos que la iglesia católica tiene en España y que no tiene en ningún otro país de Europa".
