Tres alcaldes de ANV, entre los testigos propuestos por este partido para defenderse en el proceso para su ilegalización
MADRID, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -
La Sala del 61 del Tribunal Supremo ha aceptado, entre las pruebas documentales propuestas por la defensa de Acción Nacionalista Vasca (ANV) en el proceso de ilegalización instado contra este partido, la resolución adoptada el pasado 16 de mayo por el Pleno del Parlamento Vasco "para reprobar la postura que se adopta ante las denuncias de tortura", instada por el Grupo Mixto-Aralar.
Además, los 16 magistrados que conforman esta Sala valorarán como pruebas en favor de ANV los reconocimientos médico-forenses realizados a los presuntos autores del atentado en la T-4 del aeropuerto de Barajas, en Madrid, Igor Portu y Mattin Sarasola; así como diferentes iniciativas llevadas a cabo en relación con las presuntas torturas sufridas por ambos en el ayuntamiento de Lesaka (Navarra), de donde eran vecinos.
El Supremo ha inadmitido otras pruebas documentales referidas a las declaraciones ante el juez Fernando Grande-Marlaska de Sarasola y Portu, esta última cuando el detenido permanecía ingresado en el Hospital de Donosita, el pasado 8 de enero. Tampoco se acepta la declaración del dirigente de ANV Kepa Bereziartua ante el juez Baltasar Garzón, dentro del sumario que investiga a los miembros de la denominada 'nueva mesa de Batasuna', detenidos en octubre del pasado año.
TESTIGOS PENDIENTES.
Así se señala en el auto hecho público hoy por el alto tribunal en el que se admiten la práctica totalidad de las pruebas presentadas por las partes en este proceso y el que se sigue contra el Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV) y se fija el calendario para la comparecencia en vista pública de más de cerca de un centenar de testigos.
El Supremo no se pronuncia aún sobre los testigos propuestos por el PCTV y algunos de los solicitados por la Abogacía del Estado, en espera de que aclaren los hechos por los que se solicita su declaración en este proceso.
Por parte de ANV declararán como testigos el secretario general de ANV, Antxon Gómez, y otras personas relacionadas con la contabilidad de esta formación y pertenecientes a los sindicatos ELA, HIRU y EHNE. También comparecerán ante los magistrados del Tribunal Supremo los alcaldes de ANV en los municipios guipuzcoanos de Legorreta, Itsasondo y Anoeta, Iañki Oyarbide, Xabier Iturrioz y Pedro Peñagaritano, respectivamente.
En cuanto a las pruebas documentales solicitadas por ANV, se aceptan diversos documentos que deben presentar los Tribunales de Cuentas de España y el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, así como un informe de las Juntas Generales de Álava que aclare la relación funcional que con este órgano mantenía Maite Fernández Labastida, candidata del partido Abertzale Sozialisten Batasuna (ASB) en 2003 y si percibía alguna renumeración.
El resto de pruebas documentales corresponden a facturas libradas por diferentes empresas a cargo de ANV, así como la certificación de varios ayuntamientos vascos y Navarros sobre la elección de concejales de esta formación política. También se aceptan las intervenciones de responsables de ANV en los ayuntamientos de Derio (Vizcaya), Hondarribia (Guipúzcoa) y ante las Juntas Generales de Álava en relación con la construcción del Tren de Alta Velocidad en el País Vasco.
CALENDARIO
El alto tribunal ha habilitado por el momento entre los próximos 16 y 24 de junio para la prueba testifical, aunque dicho periodo podría ampliarse si es necesario. Fuentes del Supremo señalaron que los interrogatorios se celebrarán en sesiones de mañana y tarde, reservando las primeras para el proceso instado contra ANV y las segundas para el del PCTV. El tribunal espera poder dictar las dos sentencias a lo largo del próximo mes de julio.
Las dos formaciones políticas demandadas solicitaron la comparecencia de un total de 62 testigos, la mayoría de los cuales (47) han sido citados a petición de PCTV, mientras que el resto lo serán por ANV.
LA PRUEBA DE USÚRBIL.
Las pruebas van dirigidas, por parte de los demandantes -Fiscalía y Abogacía del Estado-, a demostrar que el desarrollo de la actividad de las dos formaciones políticas incumple la Ley de Partidos (LPP), por tratarse de meros continuadores de la ya ilegalizada Batasuna, mientras que la defensa trata de rebatir esta conclusión.
Entre las pruebas cuya práctica ha sido solicitada por la Fiscalía está la comparecencia como testigos de los policías que registraron las dependencias de PCTV Usúrbil (Guipúzcoa) el pasado 5 de octubre.
En su escrito de demanda, la Fiscalía destacaba que las claves secretas y los códigos pin de seguridad de las cuentas bancarias tanto de ANV como de PCTV fueron halladas por la Policía en la sede Usúrbil, donde se constató además la existencia de reuniones regulares por parte de dirigentes de la ilegalizada Batasuna.
Por ello, el fiscal habla de la existencia de una "caja única" de todas las formaciones, que funcionarían en este aspecto como una única organización con los mismos objetivos. Asimismo, el fiscal refería en su demanda que en este local se halló un sello de entintado automático con el logotipo de ANV que se utilizó en algún documento del PCTV por debajo del anagrama de éste, "seguramente aplicado por equivocación".
ALCALDESA DE HERNANI.
Respecto de ANV, el alto tribunal valorará como prueba de la conexión de este partido con ETA el auto dictado el pasado mes de abril por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, en el que se ordenó al juez central instructor Santiago Pedraz reabrir la causa por enaltecimiento del terrorismo que había sido archivada inicialmente respecto de la alcaldesa de Hernani, María Ángeles Beitilarrangoitia, de ANV.
La primera edil está imputada por dedicar unas palabras de apoyo a los presuntos presos de ETA Igor Portu y Mattin Sarasola.
A petición también de la Fiscalía, el tribunal deberá analizar diez documentos para la ilegalización de ANV, entre ellos el auto sobre la alcaldesa de Hernani y el acta de una reunión de la Junta de Portavoces de Barakaldo (Vizcaya) del pasado 3 de diciembre. Otra prueba la constituyen las fotocopias de un diario nacional con información sobre los incidentes en la construcción del tren de alta velocidad en el País Vasco, publicada el pasado 27 de enero.
En cuanto a la prueba documental contra PCTV, el alto tribunal tendrá sobre la mesa, para su valoración en este proceso, las actas de entrada y registro en la sede de Usúrbil y una certificación de la Tesorería General de la Seguridad Social sobre esta formación y la relación de altas y bajas laborales de trabajadores a su servicio.
Finalmente, a instancias de la Abogacía del Estado, la Sala del 61 estudiará las grabaciones hechas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a varios miembros de ANV y PCTV.
