MADRID, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -
El informe del año 2005 del Defensor del Pueblo que su titular, Enrique Múgica, entregó hoy al presidente del Congreso destaca respecto a la Justicia la falta de información de la que se quejan las víctimas de delitos violentos y de nuevo los retrasos y dilaciones en los procedimientos judiciales que se siguen en tribunales y juzgados, a pesar de las medidas que se han ido tomando para tratar de evitar estas disfunciones.
El informe señala varios casos concretos de órganos juzgadores especialmente afectados, como la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, cuyos retrasos son "una reiteración casi permanente" y como ejemplo cita a una mujer que puso un recurso en el 2000, que no se admitió hasta febrero de 2003 y que aún no se ha resuelto.
También se han investigado quejas en el servicio público judicial relativas al posible perjuicio añadido para las víctimas de delitos violentos que suponen las carencias de información o comunicación adecuada, así como la falta de coordinación entre las diligencias policiales y judiciales.
En concreto en el apartado de "Otras investigaciones relacionadas con el Servicio Público Judicial", el informe relata el caso de un chico fallecido en Alicante el 25 de enero de 2005. Dos días después fue descubierto por el propietario del piso y el cadáver fue llevado al tanatorio de la localidad.Permaneció allí hasta el 9 de febrero, cuando un funcionario de la morgue localizó a la familia por Internet, a pesar de que el joven llevaba encima toda su documentación.
El defensor del Pueblo se dirigió a la Policía para informarse de lo ocurrido. Los agentes le contestaron que no lo hicieron "al interpretar que dicha labor sería realizada bien por el propietario del piso o bien por el Juzgado".
También cuenta el caso de una mujer de 76 años que fue víctima de una lesión por robo por la que sufrió una rotura de cadera y siete meses más tarde denunció ante él que todavía no había sido reconocida por el médico.
MENORES.
Especial motivo de preocupación durante 2005 ha sido la situación de determinados centros de menores infractores. Muchos de ellos se han visitado, lo que en algunos casos ha llevado a abrir quejas de oficio, como por ejemplo, para solicitar los medios necesarios para que los jueces y fiscales correspondientes sepan de la existencia de plazas de internamiento terapéutico.
Como ejemplo de este desconocimiento, el informe cita el centro Cantalgallo en Doshermanas (Sevilla), que sólo fue visitado una vez durante 2005 por un juez y dos secretarios judiciales, uno de Cádiz y otro de Sevilla.
Al desconocer la existencia de estas plazas, los jueces imponen otras medidas menos beneficiosas para los menores. Por ello, el Defensor del Pueblo ha solicitado al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y al fiscal general del Estado que jueces y fiscales de menores sepan de la existencia de estas plazas especiales.
MEDIDAS PROTECTORAS.
En cuanto a la violencia doméstica, el informe explica que se han realizado investigaciones para comprobar el establecimiento y eficacia de medidas protectoras con objeto de garantizar la seguridad de posibles víctimas, sobre todo, de carácter preventivo, como las relativas a la situación de los procedimientos incoados en el ámbito civil para resolver las crisis de pareja.
En este sentido, el Defensor del Pueblo afirma que el Ministerio de Justicia prepara la modificación del 268 del Código Penal que exime de responsabilidad criminal a los cónyuges que no están separados legalmente o de hecho, para evitar que se repita el caso de una mujer asesinada a tiros por su marido en agosto de 2004, contra el que no se pudo actuar penalmente. Otro gran núcleo de actividad se refiere a la situación de los presos españoles en el extranjero (actuación de los consulados, tramitación de expedientes de traslado, relaciones con administraciones foráneas), sobre todo lo que afecta a determinados casos en Venezuela, Marruecos, Filipinas y Bolivia.
CARGA DE TRABAJO EN REGISTRO CIVIL.
El informe también recoge las dificultades y las consecuencias adversas que provoca la carga de trabajo en el Registro Civil Central que impide prestar un servicio adecuado a los ciudadanos.
Se dan casos, por ejemplo, de retrasos que oscilan entre siete y ocho meses para la expedición de una certificación literal de nacimiento, tras haber conseguido la nacionalidad española después de varios años de trámite, lo cual provoca perjuicios fácilmente imaginables.
