MADRID, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -
El Grupo Parlamentario de IU-ICV presentará finalmente una enmienda a la totalidad de la Ley de la Memoria Histórica propuesta por el Gobierno, puesto que ésta no recoge, entre otros aspectos, la anulación de todos los juicios del franquismo. La coalición prepara un texto alternativo y para ello ha recabado informes de juristas como Carlos Jiménez Villarejo y José Antonio Martín Pallín, avalando una posible vía de anular los juicios sumarísimos.
En rueda de prensa en el Congreso, el presidente del grupo, Gaspar Llamazares, apuntó que la última reunión con el Grupo Socialista y el Gobierno fue el 31 de octubre, y no fue "satisfactoria". Según explicó, se le han dado todos los argumentos políticos y jurídicos para modificar la ley, a pesar de lo cual el Ejecutivo no ha cambiado de postura.
Así, recalcó que PSOE y Gobierno se "refugian en la cortina de humo del argumento jurídico" para no anular los juicios del franquismo, cuando en realidad tienen una razón política, que es que "no quieren afrontar" esa anulación.
A su juicio, no quieren afrontarla por "miedo" al enfrentamiento con el PP y con los "medios de comunicación de la derecha", así como por la decisión del Grupo Parlamentario Socialista y del Gobierno de no profundizar en la regeneración democrática del país, que fue un "gran mandato del cambio político en este país, igual que el cambio desde el punto de vista de la política general".
"En torno a esta ley nos estamos jugando mucho más que la propia ley, que la memoria, que la justicia o la reparación, nos jugamos prácticamente hacia donde evoluciona la legislatura, y tengo la impresión de que se está sustituyendo una legislatura de regeneración y reformas por otra continuista en otras materias, como es el caso de esta ley", argumentó.
Según dijo, una cosa es que exista a través de la amnistía una situación de hecho de los franquistas y otra cosa que el franquismo como régimen sea "impune", al tiempo que lamentó que este año, con motivo del aniversario de la muerte de Francisco Franco, se haya vuelto a ver como "todavía hay quien se atreve a hacer apología del franquismo en instituciones públicas".
Por tanto, manifestó su deseo de que el Gobierno sea capaz de "reconsiderar" su posición porque, en su opinión, esta "no es una cuestión menor". "Lo que pasa con este tema también ocurre con la relación con la jerarquía eclesiástica, porque esa apariencia de paz no es otra cosa que la renuncia", añadió.
EL GOBIERNO ESTÁ "MUY SOLO"
El diputado de ICV, Joan Herrera, por su parte, resaltó que a estas alturas no pueden saber si el Gobierno tendrá los apoyos parlamentarios suficientes para sacar adelante esta ley, si bien afirmó que ahora mismo "está muy solo" porque su proyecto es "frustrante y defrauda a toda aquella gente que ha estado trabajando por la memoria". Agregó, además, que lo que le exigen al Gobierno no es otra cosa que "coherencia".
Asimismo, apuntó que el Gobierno no puede permitir que se siga haciendo "apología del franquismo como se ha visto este pasado fin de semana" y, por contra, afirmó que tiene que hacer una buena política de recuperación de la memoria democrática, porque hasta ahora sus políticas son "decepcionantes, puesto que se sitúan en un punto equidistante que es inaceptable".
El jurista Carlos Jiménez Villarejo, que fue fiscal jefe Anticorrupción entre 1995 y 2003, es uno de los juristas que ha trabajado con IU-ICV para la elaboración de su propio texto sobre esta cuestión, y que también estuvo presente en la rueda de prensa. Así, afirmó que el grupo es "coherente" con su planteamiento de pedir la declaración de nulidad de todos los juicios sumarísimos porque es la "única respuesta positiva, coherente con los principios democráticos del Estado".
En este sentido, habló en nombre de IU-ICV y afirmó que no pueden estar de acuerdo con el proyecto del Gobierno, porque no pueden admitir que todo se resuelva con una declaración "vaga y genérica" como la propuesta, que dice "que las resoluciones y sanciones dictadas durante la Guerra Civil y la dictadura fueron injustas". "Cómo puede entenderse que esa vaga y genérica declaración de injusticia pueda resolver toda esta barbarie, expresión de un genocidio", se preguntó.
"ECO DE UN AMPLIO MOVIMIENTO CIUDADANO"
Por tanto, destacó que la Ley de Memoria del Gobierno es "insuficiente, tibia, con una absoluta falta de capacidad y de valentía" para abordar la historia de España, por lo que "no satisface para nada la memoria de los que fueron víctimas de esa barbarie y ese genocidio, y tampoco a la memoria histórica del país".
"Tiene que haber un planteamiento radicalmente distinto y que haya una posibilidad de que la ley se reforme de acuerdo con la enmienda a la totalidad que va a presentar el Grupo Parlamentario de IU-ICV y que se debata, aparte de la anulación de los juicios, otras muchas cuestiones que también son insuficientes en la ley y que no pueden merecer nuestra aprobación, ni nuestro respaldo", señaló.
Villarejo insistió, así, en que lo que IU-ICV hace es recoger el "eco de un amplio" movimiento ciudadano para pedir la nulidad de todos los tribunales de excepción de la dictadura franquista, "que llevaron a miles de españole a la cárcel o a la muerte, por motivos estrictamente ideológicos".
Asimismo, criticó que el Tribunal Supremo se haya negado en ocasiones a revisar sentencias, amparándose en el ordenamiento jurídico vigente en la fecha en que ocurrieron los hechos, a pesar de que estuviera generado por unos "militares sublevados contra un Estado democrático legítimo" y afirmó que el Poder Legislativo es quien tiene que dar, en cualquier caso, una respuesta" y si no lo hace será un "grave fracaso histórico de este Gobierno".
Recordó, además, una proposición no de ley del Grupo Socialista de septiembre de 2003, firmada por el entonces portavoz del PSOE en el Congreso, Jesús Caldera, que fue rechazada por el Pleno, pero que asumía las tesis que hoy defiende IU-ICV e incluso señalaba a la Alemania post nazi como "punto de referencia". "El PSOE hablaba entonces con más claridad y con un lenguaje bien diferente", lamentó.
Por último, criticó al Gobierno por ampararse en el principio de seguridad jurídica para evitar tratar la anulación de estos juicios, y le recordó que este principio está subordinado a otro superior, que es el de la justicia. "Hacer eso es un error grave. Sólo pedimos que se anule lo que fue ilegítimo y nulo, algo que no afecta a ningún ciudadano", finalizó.
