Considera que las conclusiones del juez son "irracionales" y que hay suficientes pruebas para condenar porque los discos duros no estaban vacíos
MADRID, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -
La acusación popular que ejerce Izquierda Unida en el caso por la destrucción de los ordenadores que usaba el extesorero 'popular' Luis Bárcenas en la sede del partido hasta enero de 2013 ha solicitado a la Audiencia Provincial de Madrid que anule la sentencia del Juzgado de lo Penal número 31 de la capital que absolvió al PP y a otros tres acusados por los delitos de daños informáticos y encubrimiento.
En el recurso de apelación, al que ha tenido acceso Europa Press, Izquierda Unida indica que hay "deficiencias e incongruencias" en el desarrollo de la fundamentación de la sentencia que se dio a conocer el pasado 4 de septiembre. En este sentido, la acusación popular considera que el titular del Juzgado de lo Penal número 31 de Madrid no ha motivado suficientemente la resolución y que las conclusiones a las que ha llegado son "irracionales" porque no ha tenido en cuenta el "conjunto de prueba practicada durante el juicio oral".
El juez Eduardo Muñoz de Baena absolvió a la formación política, la extesorera de la formación política Carmen Navarro, el jefe de la Asesoría Jurídica Alberto Durán y el responsable del departamento informático del partido José Manuel Moreno de los delitos de daños informáticos y encubrimiento por faltas de pruebas.
El magistrado no ve probado que, en el momento del borrado y destrucción de los discos duros, los acusados tuvieran la intención de eliminarlos para así impedir o dificultar la investigación que estaba llevando a cabo la Audiencia Nacional sobre una presunta contabilildad opaca del PP.
No obstante, IU no comparte esta tesis y asegura que durante las cinco sesiones de juicio --que se celebró el pasado mes de junio-- sí que se ha podido probar que los discos duros de los dos ordenadores de Bárcenas no estaban vacíos, sino que había información de especial interés sobre la presunta caja 'B' del partido y que los acusados participaron en la eliminación de la misma. Por ello, pide que se anule esta resolución y se dicte una segunda sentencia condenatoria.
EL CONTEXTO EN EL QUE SUCEDIERON LOS HECHOS
En el recurso de 32 páginas, la acusación destaca que la declaración como testigo de Bárcenas --que retiró su acusación-- es "sumamente elocuente y convincente, en contradicción con lo que argumenta la sentencia". En este sentido, afirma que uno de los "graves problemas de insuficiencia" que posee la resolución es, a su juicio, que no hace una "exposición racional del contexto en el que sucedieron los hechos".
"La lectura de la sentencia se infiere que los hechos se encuentra aislados de un contexto con una fuerte presión social, como la que existía en enero y febrero de 2013 a raíz de la crisis política y económica que sufría nuestro país y que tuvieron como corolario la crisis institucional que suponía que la principal fuerza política del país se viese involucrado en un caso de corrupción", dice el escrito.
Según Izquierda Unida, hay que tener en cuenta que esta causa es una derivada de la investigación abierta en la Audiencia Nacional sobre la presunta contabilidad paralela de la formación política, sobre la que se reclamó documentación al partido.
También que Bárcenas pidiera la devolución de los ordenadores que había estado usando hasta que fue despedido en 2013 en su intención de colaborar con la justicia para "obtener algún tipo de rebaja o moderación de la pena resultante", ya que también se encuentra inmerso en dicho procedimiento judicial.
FALTA DE ANÁLISIS
Por otro lado, la acusación popular pone de relieve en su escrito que en la sentencia hay una "falta de análisis sobre el hecho contrastado" que puede servir para "desacreditar" la versión de los acusados. Pues, según expone el recurso, no se da importancia a que Durán sólo reclamará al extesorero el título de propiedad de los ordenadores, aunque no de los discos duros, "ni de otros enseres, documentos, cuadros, material deportivo", entre otros, que se encontraban en la Sala Andalucía, que usaba Bárcenas como despacho.
Ello "viene a indicar racionalmente el empeño e importancia que para los dirigentes del Partido Popular tenía apropiarse del contenido informático que estaba alojado en los discos duros de los ordenadores que con tanto diligencia se obstinaba en salvaguardar de cualquier público conocimiento", subraya la acusación popular.
Añade que no es "racional" que una empresa (PP) comience a litigar con un extrabajador (Luis Bárcenas) "por unos ordenadores sin valor económico", salvo que en ellos "hubiese material peligroso política y penalmente para el Partido Popular y sus dirigentes, incluso para el Gobierno de España en aquel comienzo del año 2013".
DEFENSA DE LA ACUSACIÓN POPULAR
Por otro lado, Izquierda Unida también ha defendido el ejercicio de la acusación popular en este procedimiento, tanto en el delito de daños informáticos como en el de encubrimiento, pese a que la Fiscalía decidiera no acusar.
Debido a que no ha habido una acusación particular, las defensas solicitaron que se aplicara la conocida 'doctrina Botín' o 'Atutxa' y que expulsaran del procedimiento a las acusaciones populares ejercidas por Izquierda Unida, el Observatori Desc y Adade. El magistrado Muñoz de Baena, atendiendo a la jurisprudencia del Tribunal Supremo, acordó dejar sin efecto la acusación popular únicamente con respecto al delito de daños informáticos.
Sin embargo, los abogados de Izquierda Unida creen que no debería haber ningún tipo de límite en la acusación porque ambos delitos tienen una "conexión directa" y "exceden al mero marco individual de la persona afectada y al criterio que en un momento dado puede sostener el Ministerio Fiscal".
Así, con respecto al delito de daños informáticos, la acusación explica que "estamos ante la eliminación de forma irregular, más allá de un uso normal" de, posiblemente, "archivos relacionados con la contabilidad ajena a la legalidad, o B del Partido Popular" y que los acusados lo fueron por tratar de "preservar la privacidad de la información que el usuario almacenaba, en cumplimiento de una exigencia legal".
IU solicitó que el PP fuera penado con una multa de casi 11 millones de euros por dos delitos de daños informáticos, mientras que pidió la condena de cuatro años y medio de prisión para Navarro, Durán y Moreno por dos delitos de daños en concurso con el de encubrimiento.
