MADRID, 30 May. (EUROPA PRESS) -
El Grupo Parlamentario de IU-ICV ha propuesto una serie de 21 enmiendas parciales a la Ley de Control del Comercio Exterior de Material de Defensa y Doble Uso, entre las que destacan la creación de una comisión parlamentaria que emita informes "determinantes" a la hora de autorizar las operaciones y que el Gobierno esté obligado a remitir información "detallada" sobre las transacciones cada trimestre.
Según informó la formación que lidera Gaspar Llamazares en un comunicado, las modificaciones propuestas por IU-ICV persiguen que la nueva norma "sirva para endurecer y atajar de forma real la venta de armas y su control a aquellos países en conflicto o que puedan colaborar con otros que lo están, así como dejar al margen de cualquier distribución a todos aquellos en los que no haya un respeto efectivo de los derechos humanos".
El coordinador general de IU destacó en el comunicado que "uno de los puntos principales" para su formación es "aumentar el control por parte del Parlamento de este comercio, así como el acceso a datos fiables y contrastables por parte de los grupos parlamentarios para acentuar el control que demanda la sociedad sobre este tema".
Por ello, IU-ICV propone la creación de "una comisión consultiva permanente de seguimiento del comercio exterior de material de defensa y de doble uso, que reciba información actualizada de la JIMDDU (el órgano regulador interministerial) sobre licencias aprobadas y denegadas".
"Esta comisión se reunirá, al menos, cada tres meses, emitirá informes determinantes y tendrá acceso, cuando así lo considere conveniente, al material clasificado derivado de la actividad de la JIMDDU. También podrá ser consultada sobre ciertas autorizaciones, en casos en los que haya dudas sobre la situación del país de destino", explicó IU.
La segunda enmienda parcial planteada por IU se centra en la obligación de que el Gobierno envíe "trimestralmente al Congreso de los Diputados información detallada sobre las exportaciones de material de defensa y de doble así como del llamado 'otro material' o material policial, de seguridad y antidisturbios realizadas y autorizadas en el último periodo de referencia".
"Esta información deberá incluir, al menos, el valor de las exportaciones por países de destino y categorías de productos, una descripción del producto, las asistencias técnicas, el uso final del producto, así como información sobre el usuario final, además de su la naturaleza pública o privada", señala la propuesta de IU.
La formación de Llamazares solicita que el Ejecutivo tenga también la obligación de informar sobre "las denegaciones efectuadas y las licencias autorizadas aunque no estén realizadas, indicando en todos los casos el país de destino, la categoría y la descripción del producto e información sobre el usuario final".
En cuanto al endurecimiento para desarrollar este comercio por parte del Estado español, IU aboga por que se rechacen las operaciones cuando "el material de defensa, el otro material o los productos y tecnologías de doble uso tenga como destino países en conflictos armados, países en los que se violen de manera grave y sistemática los derechos humanos, países con denuncias de desvíos de material transferidos, o en el caso de que puedan ser empleados en acciones que perturben la paz, la estabilidad o la seguridad en un ámbito mundial o regional, o cuando puedan exacerbar tensiones o conflictos latentes".
La formación es partidaria de denegar "aquellas transferencias que puedan obstaculizar de forma importante el desarrollo sostenible del país receptor" al igual que aquellas que "vulneren los compromisos internacionales contraídos por España".
"Para determinar la situación y comportamiento del país de destino se tendrán en cuenta las fuentes de información mencionadas en la Guía del Usuario más actualizada del Código de Conducta Europeo, y en todo caso al menos: informes sobre transferencias de material de defensa y destino final de estas operaciones que sean emitidos por organismos internacionales en los que participe España, informes de los órganos de derechos humanos y otros organismos de Naciones Unidas, así como la información facilitada por organizaciones y centros de investigación de reconocido prestigio en el ámbito del desarrollo, el desarme y los derechos humanos", concluyó IU.
