MADRID, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -
El Comité Nacional de Huelga cifró hoy en un 70 por ciento el seguimiento del paro que llevan a cabo jueces y magistrados de toda España para exigir al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero mejoras estructurales a favor de la Administración de Justicia. Un total de 2.192 miembros de la carrera judicial de los 3.500 que ejercen labores jurisdiccionales ejercieron su derecho a la huelga, la primera que se convoca en España por el hartazgo de la Judicatura.
La cifra del Comité, que excluye a los jueces sustitutos y con excedencias, se computó a través de las comunicaciones realizadas de manera individual por cada juez al Comité y a través de fax remitidos a los respectivos tribunales superiores de justicia. No obstante, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) cifró en un 35,47 por ciento el respaldo, es decir, un total de 1.621 jueces.
Los jueces y magistrados respaldaron masivamente la huelga, un éxito celebrado por las asociaciones judiciales de Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente. Según datos computados por el Comité, un total de 281 jueces de Cataluña secundaron el paro; 278 en Madrid; 66 en Baleares; 22 en el País Vasco; 372 en Andalucía; 113 en Canarias; 94 en murcia; 343 en valencia; 65 en Castilla-La Mancha; 94 en Castilla-León; 35 en Asturias; 242 en Galicia; 19 en Navarra; 20 en Cantabria; 69 en Aragón; 73 en Extremadura; y 4 en La Rioja.
"Queremos que los jueces y el Gobierno central dialoguen para ver las necesidades de la Justicia con el fin de acometer una verdadera transformación de la Justicia en España", aseveró el portavoz de la asociación Francisco de Vitoria, Marcelino Sexmero, en la rueda de prensa ofrecida en los Juzgados ordinarios de Madrid para aportar los datos reunidos hasta las 14.00 horas.
Sexmero celebró el éxito de la convocatoria en toda España, pese a "las dificultades y presiones" que han tenido en el últimos mes. "Estamos bastantes satisfechos", resaltó el portavoz de una de las asociaciones convocantes. Benito Raboso, de Foro Judicial Independiente, puso el acento en el respaldo obtenido, teniendo en cuenta el desmarque de las asociaciones mayoritarias, como la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y Jueces para la Democracia (JpD). "Hubiéramos deseado que todos estuviéramos juntos", reseñó.
Raboso insistió en que los jueces y magistrados han seguido "el cauce correcto" para convocar la jornada de huelga ante "la dejadez" del Consejo General del poder judicial (CGPJ), estableciendo servicios mínimos ante la negativa del Consejo de hacerlo. Por ello, recalcó que no temen una posible sanción por parte del Consejo, puesto que el principal beneficiario de esta jornada es "el ciudadano".
"Si tenemos reconocido el derecho a la huelga, no se puede sancionar a ningún trabajador", subrayó Sexmero en alusión a que el poder Judicial pueda tomar represalias sancionadoras a tenor de que entienden que la huelga no tiene cobertura legal.
CONSECUENCIAS.
Los jueces que secunden la huelga podrán sufrir las consecuencias de su decisión en dos ámbitos diferentes: el disciplinario (pues la no asistencia a un señalamiento podría ser motivo de expediente por falta grave, según la Ley Orgánica del Poder Judicial), y el retributivo, pues se les podría descontar del sueldo el día de no asistencia injustificada a su puesto de trabajo.
No obstante, diferentes fuentes consultadas advirtieron hoy de la dificultad de contabilizar a los huelguistas si éstos no se identifican como tales, puesto que en muchos órganos judiciales (con excepción quizá de los de Instrucción Penal), los jueces no asisten a diario a sus despachos, ya que tienen días previstos para vistas y el resto pueden deliberar y redactar sentencias desde su domicilio.
Además, es probable que los magistrados, que tienen aún la competencia de señalamientos, no hayan señalado actos para mañana en previsión de la jornada de protestas.
Con motivo del 'caso Mari Luz', que evidenció la precariedad en la que trabajan los jueces, la Judicatura se movilizó a través de sus canales internos en Internet para escenificar su desazón en una jornada de huelga.
Con el respaldo a la huelga, FV y FJI se distanciaron de la propuesta consensuada el pasado 12 de enero con el resto de asociaciones (la Profesional de la Magistratura y Jueces para la Democracia), que pasa por realizar meras concentraciones el día 18 a la puerta de los juzgados y una posible huelga para el 26 de junio.
Pese a firmar dicho acuerdo, días más tarde las asociaciones Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente presentaron ante el órgano de gobierno de los jueves una convocatoria formal de huelga, desmarcándose de sus compañeros.
PRECARIEDAD Y COLAPSO
Las demandas de la Judicatura pasan por la instauración de la nueva oficina judicial, la implantación en los juzgados de las nuevas tecnologías, el establecimiento de una carga máxima de trabajo razonable que pueda asumir cada juez, la adopción de medidas necesarias para la conciliación de la vida laboral y familiar de los magistrados y una adecuación de las retribuciones que perciben.
Los jueces reclaman un incremento presupuestario de un 3,5 por ciento, un ratio de jueces como el de la media europea, es decir, 20 por cada 100.000 habitantes, y controlar la agenda de señalamientos ante la previsión de la Oficina Judicial de dar esta potestad a los secretarios judiciales.
Sobre el incremento de la plantilla, estiman que se necesita un plazo de cinco años para que se creen 1.200 plazas judiciales --ahora hay 4.400, con jueces profesionales-- con miras a afrontar el exceso de trabajo que asumen los magistrados de la capital.
