VALLADOLID, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -
El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) señaló hoy que un total de 77 jueces de los 284 titulares de la Comunidad secundó la huelga convocada para la jornada de hoy, lo que supone un seguimiento del 27 por ciento.
Según datos del TSJCyL, recogidos por Europa Press, Valladolid fue la provincia con mayor seguimiento, con 43 de los 68 magistrados adheridos a la convocatoria (63,2 por ciento). Las otras dos provincias en las que la respuesta fue importante fueron Zamora, con un 47,4 por ciento (nueve de 19) y Soria, con un 38,5 por ciento (cinco de 13).
El resto de provincias registró menores tasas, como Salamanca, con un 26 por ciento (8 de 31); León, con un 10 por ciento (cinco de 50), Segovia, con dos de quince; Palencia con tres de 20; Burgos, con un 3,8 por ciento (dos de 53) y Ávila, única provincia en la que ninguno de los 15 jueces en ejercicio secundó la convocatoria.
La protesta es respaldada por cerca del 20 por ciento de la Carrera en España, que apoyaron la adopción de la medida en juntas celebradas el pasado 21 de enero en sus respectivos territorios, y también por dos de las cuatro asociaciones a las que pertenece cerca del 40 por ciento de la Judicatura -Francisco de Vitoria (FV) y el Foro Judicial Independiente (FJI)-.
Las otras dos formaciones, la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y Jueces para la Democracia (JpD), apoyan una versión más moderada de la protesta, consistente en la celebración de concentraciones que se materializarán sobre el mediodía de hoy a las puertas de los órganos judiciales más emblemáticos de cada ciudad.
Los jueces han convocado este paro como medida de presión para que el Ministerio de Justicia y las administraciones autonómicas con competencias acepten sus reivindicaciones, que pasan por la implantación de la nueva Oficina Judicial, la adecuación del ratio de jueces al de la media europea, un aumento retributivo y el no perder la agenda de los señalamientos (potestad que una reforma legal prevé asignar a los secretarios judiciales).
La huelga también es fruto del malestar del colectivo tras las críticas vertidas por el Gobierno central a raíz de la decisión del Consejo de sancionar con 1.500 euros al juez de Sevilla Rafael Tirado, cuya actuación permitió que el supuesto asesino de la niña Mari Luz estuviera en libertad pese a estar condenado por pederasta.
Ante la inhibición al respecto del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), un nutrido grupo de jueces acudieron a una asamblea celebrada el pasado sábado en Madrid en la que establecieron unos servicios mínimos que incluyen los trámites para celebrar matrimonios ante el Registro Civil y, en la vía penal, la celebración de juicios con causa con preso y las diligencias de servicios de guardia que afecten a derechos fundamentales, como entradas y registros o intervenciones telefónicas.
