El magistrado mantiene el proceso contra los altos cargos de la Conselleria y contra el ex cuñado de Sánchez Llibre
BARCELONA, 25 May. (EUROPA PRESS) -
El juez de Instrucción número 11 de Barcelona, que investiga el supuesto desvío de fondos de la Conselleria de Trabajo a través de ocho estudios fraudulentos en la época de CiU, ha archivado provisionalmente la causa contra Santiago Vallvé, responsable de una de las empresas adjudicatarias de los estudios, al entender que no existen "indicios racionales de criminalidad" en su conducta.
El magistrado Francisco González Maíllo considera que Santiago Vallvé no participó "en los concretos hechos por los que sigue esta causa", a pesar de su intervención, a través de las sociedades que controlaba, en otros estudios que fueron objeto de investigación.
El juez, no obstante, ha decidido mantener el proceso contra el ex conseller de Trabajo Ignasi Farreres, contra el ex secretario general de la Conselleria Josep Maria Servitje y contra Víctor Manuel Lorenzo Acuña, ex cuñado del diputado de UDC Josep Sánchez Llibre y responsable de una de las empresas adjudicatarias de los informes.
González Maíllo entiende que durante la instrucción del denominado 'caso Treball' se han puesto de manifiesto "las múltiples irregularidades en las adjudicaciones de ocho informes o estudios" y, por ello, imputa a los tres encausados un presunto delito de prevaricación, otro de malversación de caudales públicos y otro de falsedad documental.
En su auto, González Maíllo hace referencia al escrito de manifestaciones que Acuña remitió al Juzgado de Instrucción número 11 de Barcelona el pasado mes de marzo, en el que confesaba que ordenó plagiar los ocho estudios de la Conselleria de Trabajo investigados y exculpaba a los altos cargos de la Conselleria, asegurando que éstos no tenían conocimiento de los hechos.
Según el juez, dicho escrito "evidencia algo que ya constaba en la causa, cual es que los estudios por los que las sociedades que controlaba --Gestumer y Socesca-- cobraron de la Administración eran inútiles".
"Ya se sabía que se trataba de burdos plagios" por los que se pagó "una pequeña cantidad" y por los que luego Acuña llegó a facturar 46.158 del erario público, relata el auto. "La finalidad indiciaria no era otra que desviar el dinero público con un destino que se ignora, ya que la sociedad cobraba y, a partir de ahí, se pierde el rastro del dinero", añade.
En este sentido, el juez entiende que la confesión de Acuña no cambia los indicios que afectan a Farreres y Servitje. Según González Maíllo, "sorprende" que Acuña afirme que "engañó" a los responsables de la Conselleria de Trabajo aprovechando que éstos "le conocían", ya que él mismo negó ese extremo cuando le preguntaron la identidad de dichos altos cargos.
ESTUDIOS "INÚTILES" PARA DESVIAR FONDOS.
El auto resalta que "no consta que los estudios fuesen manejados por los cargos o funcionarios de la Conselleria" y que, por tanto, "los destinatarios formales eran los altos cargos o técnicos del Departamento". "Si fuera cierta la tesis del 'engaño', no se explicaría por qué se sigue contando con una empresa que carecía de infraestructura y de especialización en las cuestiones que podrían interesar a la Conselleria de Trabajo", añade.
Según el juez, también se deben tener en cuenta "las circunstancias en las que se producen las adjudicaciones", que se realizaron "bajo la fórmula de subvención" y sin gestionar expedientes de contratación. "Todo se tramitó con la exclusiva intervención del secretario general imputado y la posterior autorización de la contratación por el entonces conseller --Farreres--", salvo el pago, materializado por el departamento de economía, relata el auto.
González Maíllo señala, además, que "todos los funcionarios que han declarado, con distintos cargos, han coincidido en manifestar que nada supieron de dichos estudios, ni tuvieron intervención alguna", por lo que "se evidencia que fue una cuestión tratada al más alto nivel de la Conselleria". "La elección de estas sociedades no es casual, ambas estaban controladas por el imputado Víctor Manuel Lorenzo Acuña en torno a la fundación FECEA", añade.
Según el magistrado, "el conjunto de irregularidades, las empresas elegidas, la persona que las controla y los documentos obrantes en autos conducen a que estemos lejos del afirmado engaño". "Lo que se contrataba era innecesario" y, "una vez entregados, no se les dio ninguna utilidad porque los que los habían contratado eran conocedores de su nulo valor y no los pusieron a disposición de ningún órgano interno o técnico en aquellas materias".
A este respecto, el juez añade que "no se realizó ninguna búsqueda de bibliografía interna ni externa, no obstante contar la Conselleria con funcionarios cualificados, un gabinete técnico y una sección de documentación y publicaciones". "La realidad indiciaria es que las contrataciones no fueron más que una forma de conseguir el desvío de dinero público", afirma González Maíllo.
En cuanto a Farreres y Servitje, el auto refiere que, "si bien no existen elementos que permitan considerar que ninguno de los dos altos cargos imputados se enriquecieran con este presunto desvío de dinero público, sí que con su conducta facilitaron que se pagasen las cantidades de referencia a las sociedades Gestumer y Socesca por los estudios inútiles a los que nos hemos referido", "uno realizando las propuestas y, el otro, autorizando el gasto".
Por todo ello, el juez González Maíllo ha decidido continuar el proceso contra Ignasi Farreres, Josep Maria Servitje y Víctor Manuel Lorenzo Acuña. A partir de este momento, tanto el Ministerio Fiscal como las acusaciones particulares cuentan con 30 días de plazo para formular su escrito de acusación y solicitar la apertura de juicio oral, sin perjuicio de que puedan pedir la práctica de las diligencias complementarias que consideren necesarias.
