MADRID, 1 Ago. (EUROPA PRESS) -
El titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid, Mario Pestana Pérez, ha archivado por utilizar "razonamientos simples" las querellas presentadas por la Asociación para la Prevención y Estudios de Delitos, Abusos y Negligencia en Informática y Comunicaciones Avanzadas (APEDANICA) y la abogada Encarnación Martínez contra el ex presidente del Gobierno José María Aznar por el borrado de archivos informáticos del Palacio de la Moncloa, después de que el PP perdiera las elecciones generales de marzo de 2004.
A raíz de una denuncia interpuesta por el abogado José Luis Mazón, el magistrado incoó diligencias previas en junio de 2004 para aclarar si existió delito en el citado borrado de archivos. La denuncia de Mazón, compañero de despacho de la letrada Encarnación Martínez, también pedía investigar al Ministerio del Interior, cuyo titular era entonces Ángel Acebes, por un "volcado" de documentos relacionados con los atentados del 11-M.
La querella presentada por APEDANICA, que ha anunciado a Europa Press que recurrirá en apelación ante la Audiencia de Madrid para revocar el archivo, se refiere a los mismos hechos recogidos en la denuncia inicial, al igual que la querella presentada por Ercarnación Martínez. Según el juez Pestana, "en las dos querellas se expresa un razonamiento en exceso simple según el cual la eliminación de archivos de los ordenadores del Gobierno implica automáticamente la existencia de indicios de existencia de delito de infidelidad de custodia de documentos".
El magistrado asegura que "este razonamiento no puede compartirse en términos jurídicos" y, en este sentido, recuerda un auto del Tribunal Supremo, que establece que "para admitir una querella criminal es preciso que exista una razón mínimamente seria para da crédito a la misma".
El auto del juez Pestana precisa que en cualquier caso sólo sería delito la eliminación "sólo de aquellos documentos que legalmente deben ser conservados para que produzcan efectos en el ámbito de las Administraciones Públicas". Agrega que esta condición "determina el carácter de los documentos que se eliminaron de los ordenadores, y por tanto, su idoneidad para ser objeto material del delito imputado" en las querellas.
El magistrado precisa que todo el material producido por el Gabinete de Aznar, cuyo mandato comenzó en 1996 y concluyó en 2004, no pertenece a la condición de documento, cuyo borrado es delictivo, como informes políticos y técnicos de todo tipo, agendas, diseños de discursos o intervenciones públicas como parte del "material lógico archivado en los ordenadores de la Moncloa".
"VOLCADO" DE DOCUMENTOS SOBRE EL 11-M
Respecto al "volcado" de documentos relacionados con el 11-M, el juez Pestana resta credibilidad a estos hechos, al afirmar que en el diario donde salió publicada esta información "no se indica la identidad de las fuentes ni de los supuestos autores del copiado, así como tampoco los libros donde supuestamente se publicaron tales datos meses después de la salida de los 'populares' del Gobierno.
En concreto, el abogado murciano interpuso una denuncia el 14 de diciembre de 2004, en la que cita dos noticias publicadas por el diario "El País" el 13 de diciembre de 2004 en las que se informaba de que una empresa cobró 12.000 euros por eliminar archivos informáticos y sus respectivos copias de seguridad de La Moncloa, mientras que en el Ministerio del Interior se realizó un "volcado" de documentos sobre los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid.
La denuncia de Mazón recoge que Aznar fue entrevistado el 16 de julio de 2004 en la emisora colombiana 'Radio Caracol', donde al ser preguntado sobre los atentados del 11-M y la existencia de informes del CNI avisando del riesgo de atentado islamista, el ex presidente dijo: "Yo tengo todos los informes del servicio de información comprenderá que los tenga porque era presidente del Gobierno".
Al archivar el procedimiento, el juez deja en suspenso las fianzas establecidas para las acusaciones personadas, que tendrían efecto en el caso de que el Juzgado estime los recursos interpuestos contra esta decisión. El magistrado impuso a la abogada Ercarnación Martínez una fianza de 1.000 euros, mientras que para APEDANICA ascendió a 4.000 euros.
